los informes de organizaciones de solidaridad y defensa de los derechos humanos como Amnistía Internacional, Médicos del Mundo o Acnur sobre la situación de los desplazados en el mundo sitúa a la comunidad internacional y a sus instituciones, pero también a los estados, ante la imagen de su propia y egoísta desidia, cuando no ante el absoluto fracaso de la organización y el derecho internacionales. El hecho de que por primera vez desde la II Guerra Mundial el número de desplazados supere los 65 millones de personas – la mayoría hacinadas y abandonadas a su suerte en campos improvisados, sin saneamiento, alimentos o atención sanitaria – , y que en su mayor parte se hayan visto forzados a esa situación por conflictos que aun siendo de ubicación concreta parecen formar parte de una conflagración más extensa y de carácter global, no solo significa que el mundo no ha avanzado nada en tres cuartos de siglo, también revela que las instituciones y estructuras que se crearon entonces para impedir que el desastre humanitario se repitiera son impotentes. Por un lado, ante la fortaleza de los intereses geoestratégicos y económicos que se halla en el origen y financiación de esos conflictos. Por otro, ante el egoísmo intrínseco y creciente de las deshumanizadas sociedades avanzadas, capaces de ignorar el drama diario a sus puertas o, en el mejor de los casos, de limitar sus esfuerzos frente al mismo con políticas economicistas o, peor aún, populistas y xenófobas. Las organizaciones internacionales de defensa de los Derechos Humanos denuncian la hipocresía de los países occidentales, que conmemoran la jornada anual dedicada a los refugiados, pero incumplen la legalidad internacional y sus propios compromisos de respetar y proteger los derechos de esas personas solicitantes de asilo. También denuncian que el principio de no devolución, que prohíbe entregar a cualquier persona a un país donde pueda sufrir violaciones de Derechos Humanos, está siendo anulado de hecho, al tiempo que se levantan nuevos muros en las fronteras. Se trata de que el 86% de esos más de 65 millones de refugiados viven en países en desarrollo. Porque no se trata de la incapacidad de sus fallidos estados de origen por dotar a la sociedad de los mínimos imprescindibles que eviten el éxodo, ni siquiera de la de los países en tránsito para reorientar o absorber la migración. Se trata de la inopia de los países occidentales para afrontar, siquiera para paliar, una crisis humanitaria de dimensiones y consecuencias indescifrables.