Un hombre, joven (el 51% tiene menos de 18 años), procedente de Siria y que entra por Melilla. Ése es el perfil mayoritario del refugiado que pide asilo en España, según el retrato que hace de ellos el informe anual de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), que se presentó ayer en Madrid. «No se trata de una crisis humanitaria, sino de humanidad», «no es un problema de caridad, sino de justicia». Así de tajantes se manifestaron durante la presentación del documento Carlos Berzosa y Estrella Galán, presidente y secretaria general del organismo. Ambos criticaron, de forma tajante y sin rodeos, a las autoridades españolas y europeas por su actitud con los refugiados.

Oriente Próximo es la región del planeta que genera un mayor desplazamiento forzado de población, debido al conflicto palestino, la inestabilidad en Irak y, sobre todo, el conflicto de Siria, que ha provocado el mayor éxodo de personas desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, casi 60 millones de desplazados en el mundo. En España, son los sirios quienes más solicitudes de asilo presentaron, seguidos de los ucranianos y palestinos.

La llegada de refugiados sirios por el puesto fronterizo de Beni Enzar convirtió, por primera vez, a Melilla en la provincia donde se presentaron más peticiones de asilo (6.368, el 42,8% del total). Una situación que preocupa a la CEAR, principalmente por «los intentos de España de dar cobertura legal a las llamadas devoluciones en caliente.

En 2015, nuestro país recibió cerca de 14.881 peticiones de asilo, la cifra más alta jamás registrada –aunque representa sólo un 1% de las que atendieron los países de la UE– y dio protección al 31% de ellas. Es decir, el Gobierno denegó siete de cada 10 solicitudes. «Resulta muy decepcionante comprobar cómo España apenas ofreció el año pasado algún tipo de protección a 1.020 personas y reubicó a 18 refugiados de los 16.000 comprometidos», lamentó Galán.

Según los datos del informe, el «precario» compromiso del Gobierno con los refugiados menguó aún más en 2015, cuando tan sólo 220 personas lograron el estatuto de refugiado, frente a las 384 de 2014; y 800 la protección subsidiaria, en comparación con las 1.199 del año anterior. Además, España no concedió la residencia por razones humanitarias ni a una sola de las 2.220 personas a quienes denegó la protección internacional. Por otro lado, a lo largo de 2015, sólo cuatro personas que llegaron como polizones en buques que atracaron en puertos españoles pudieron solicitar protección internacional.

«Es alarmante que frente al aumento de solicitudes de protección de personas que proceden de países en conflicto los índices de concesión hayan disminuido», recalcó la secretaria de la CEAR, quien añadió que «demonizamos a los refugiados, cuando es nuestro orden el que no funciona. Ellos son la consecuencia, no la causa».

También criticó este organismo la «congelación» de los expedientes procedentes de Ucrania o Malí, aplicando el «principio de prudencia», según el cual se deja la situación en espera, por si los conflictos de dichos países llegan a su fin.

«La diferencia entre la lentitud en el proceso de reubicación y la rapidez con la que se adoptó el acuerdo con Turquía es la mejor muestra de la voluntad política de la UE: acogemos a cuentagotas durante meses y cerramos fronteras en un instante», expresó Estrella Galán. Desde CEAR denuncian que el derecho al asilo sufre un grave retroceso en España y en Europa.

Más de 3.700 personas perdieron la vida el pasado año en su travesía por el Mediterráneo, la ruta migratoria más mortal del mundo. Murieron mientras intentaban escapar precisamente de eso, de una muerte casi segura en sus países de origen. «La decisión de la UE de blindar las fronteras y no ofrecer vías legales para solicitar asilo provocó que los refugiados tuvieran que arriesgarse en el mar». El número de solicitantes de asilo en Europa se duplicó en 2015, alcanzando la cifra de 1.321.600. Sólo se resolvieron favorablemente poco más de 300.000 solicitudes. «Los datos muestran un panorama realmente trágico», dijo Carlos Berzosa.

«Si no se produce un cambio profundo en las políticas de migración, todos los tratados que reflejan el derecho al asilo quedarán en papel mojado», alertó Paloma Favieres, coordinadora de los servicios jurídicos de la entidad.

Ante este panorama, CEAR reclama al Gobierno en funciones y al futuro Parlamento cinco medidas urgentes: la retirada del apoyo de España al acuerdo entre la UE y Turquía; el cumplimiento de los acuerdos de reubicación adoptados; puesta en marcha de vías legales y seguras de acceso al asilo; eliminar los obstáculos de las solicitudes y aprobar el reglamento que desarrolle la ley de asilo.