La Policía Nacional de Benidorm ha detenido a un abogado, dos empresarios y 16 ciudadanos extranjeros en una operación contra un entramado dedicado a la regularización de residencia en España con falsos contratos de trabajo y que habría defraudado más de 49.000 euros a la Seguridad Social.

49.000

euros ascienden en total las cantidades defraudadas a la Seguridad Social.

360

euros pagaban aproximadamente al mes durante unos seis meses tras un primer pago de 350 euros, por lo que cada inmigrante desembolsaba entre 2.000 y 2.500 euros a la red.

16

ciudadanos extranjeros han detenido en la operación, junto a dos empresarios y el abogado que lideraba la trama delictiva.

A los arrestados se les imputan los delitos de favorecimiento a la inmigración ilegal, falsedad documental y fraude a la Seguridad Social, según informó ayer en un comunicado la Policía Nacional.

La investigación, aún abierta, comenzó el pasado mes de enero al tener sospechas de que varios ciudadanos extranjeros, a los que se les había incoado un expediente de expulsión del territorio nacional por infracción a la Ley de Extranjería, habían regularizado su situación en España a través de un contrato de trabajo, todos ellos en una misma empresa.

Las primeras pesquisas policiales revelaron que varias personas habían contratado los servicios de un conocido letrado de Benidorm para regularizar su situación administrativa en España.

Sin embargo, en vez de valerse de los procedimientos reconocidos en derecho, les proponía regularizar su situación a través de una empresa de la misma localidad y un contrato de trabajo falso, previo abono de 350 euros inicialmente y pagos periódicos de 360 euros durante unos seis meses aproximadamente, con el fin de sufragar su propia Seguridad Social.

Los agentes localizaron la empresa en cuestión e investigaron a las personas extranjeras que se encontraban dadas de alta.

En esa mercantil, los investigadores descubrieron que dos mujeres que habían estado detenidas con anterioridad por estancia ilegal habían regularizado su situación mediante la presentación de ese contrato de trabajo.

Otra empresa en Calpe

Luego se comprobó que la pareja de una de ellas, que también había sido arrestada en las mismas circunstancias, había regularizado su situación administrativa mediante un contrato de trabajo en otra empresa, ubicada en el término municipal de Calpe, que se hallaba cerrada y carecía de actividad comercial alguna desde varios meses atrás.

Los agentes verificaron que ninguno de los investigados acudía a su centro de trabajo a cumplir con sus obligaciones y que habían sido asistidos en los trámites policiales por el mismo letrado de Benidorm, por lo que los tres «empleados» fueron detenidos por un delito de falsedad documental.

Documentación intervenida

A raíz de esta última intervención, la Policía Nacional arrestó al abogado y registró su despacho profesional, en el que intervino multitud de documentos, lo que llevó a la detención también de los dos empresarios.

En una segunda fase de la operación se averiguó que trece personas más habían utilizado a una de las mercantiles investigadas para regularizar su situación administrativa y que, igualmente, nunca llegaron a ejercer su actividad profesional.

Los agentes detuvieron a diez de estas personas por fraude a la Seguridad Social tras determinar que habían solicitado una prestación por desempleo, alcanzando el valor de los subsidios más de 49.000 euros, mientras que las tres restantes fueron capturadas por falsedad documental.

Según revelan las indagaciones policiales sobre el entramado ahora desarticulado, se presentaban los contratos de trabajo con una duración mínima de doce meses para asegurarse la obtención de la tarjeta de extranjero por arraigo social.

Sin embargo, «los beneficiarios» solamente estaban dados de alta seis meses en la Seguridad Social, ya que, junto con un nuevo contrato de trabajo, reunían los requisitos mínimos para garantizar la segunda renovación de la tarjeta de residencia.