Los economistas especializados en el análisis del sistema sanitario tienen serias dudas de que los recortes aplicados en los últimos años en Murcia y en el conjunto de España hayan sido eficaces para garantizar la sostenibilidad de la sanidad pública. «Se han producido ajustes lineales para reducir los presupuestos, pero no reformas para acabar con las bolsas de ineficiencia», subraya Pilar García Gómez, presidenta de la Asociación Española de Economistas de la Salud (AES), que celebra desde ayer sus jornadas anuales en la Universidad de Murcia (UMU).

«El problema es que no sabemos si las medidas adoptadas han dado resultado porque no se han evaluado», lamenta. «Por ejemplo, con la desfinanciación de medicamentos lo primero que deberíamos determinar es si se ha producido un impacto negativo en la salud por el abandono de tratamientos, o si por el contrario hay un efecto positivo porque lo que ha disminuido es el consumo excesivo de fármacos», subraya.

Ante «la falta de sistemas evaluativos» en los servicios públicos de salud, los expertos tratan de hacer sus propios estudios, con los que poder arrojar algo de luz. Una de las medidas a examen es el nuevo modelo de copago farmacéutico, que ha supuesto que los pensionistas – salvo los que tienen pagas no contributivas – tengan que costear parte de sus medicamentos. De momento, no hay consenso. El Grupo de Economía de la Salud de la UMU, uno de los más potentes en este campo en España, realizó un estudio en Atención Primaria que apunta a un efecto limitado.

«En los primeros momentos, tras la aprobación del copago en 2012, hubo un descenso claro en el consumo de medicamentos. Pero en 18 meses la tendencia ya había revertido. La medida ha tenido un efecto recaudatorio y ha supuesto una redistribución del gasto entre la Administración y los pacientes, pero no se ha producido un impacto significativo en cuanto al consumo», explica el economista de la UMU Fernando Ignacio Sánchez. ¿Significa esto que hacer pagar a los pensionistas por sus fármacos ha sido ineficaz pese al alto coste social de la medida? De nuevo, no hay una respuesta unívoca. Para algunos expertos, como la presidenta de AES, Pilar García Gómez, la gratuidad había contribuido a un abuso en la adquisición de fármacos por parte de los pensionistas. «Hicimos un estudio al respecto y nos encontramos con que el consumo de medicamentos aumentaba un 20% en el momento en que los pacientes se convertían en pensionistas y dejaban de copagar», explica. Ese incremento no puede atribuirse a la aparición de enfermedades propias de la edad – aclara – porque ese factor ya se tuvo en cuenta a la hora de ajustar los parámetros con los que hacer el cálculo.

Peor salud, más gasto

Junto al copago, la retirada de la tarjeta sanitaria a los inmigrantes que viven en España en situación irregular – y con ello el cambio de modelo desde la universalidad al concepto de asegurado – es la otra gran reforma adoptada por el Gobierno central en los últimos años. La medida genera controversia, dudas y no pocas críticas entre los expertos. «Cabe suponer que se ha producido un impacto negativo en la salud de las poblaciones que han quedado excluidas, aunque aún no hay un estudio en profundidad sobre el tema», advierte Fernando Ignacio Sánchez. Ese posible empeoramiento en la salud tendrá un coste económico para el sistema sanitario que a la larga podría superar el ahorro que se pretendía conseguir. Pero, además, ese supuesto ahorro tampoco está medido.

«Este tema es muy delicado; se tendría que haber actuado contra las situaciones perversas que se producían (fraudes en el acceso al sistema de los que alertó el Tribunal de Cuentas), pero no haber dejado sin tarjeta a las personas en situación irregular», sostiene José María Labeaga, presidente del comité científico de las jornadas de la AES. El Ministerio ya ha rectificado parcialmente, entregando a los ‘sin papeles’ un documento que les devuelve el acceso al sistema.

A la inauguración del congreso acudió el gerente del Servicio Murciano de Salud (SMS), Francisco Agulló, quien abogó por «reformas de calado» y un pacto de Estado para hacer sostenible el sistema.