Las redes sociales han revolucionado la forma de comunicación en la sociedad actual. El contacto es permanente e inmediato, llegando millones de usuarios con un solo click. Esta transformación también tiene su reflejo en la Fiscalía, que desde hace unos años indaga sobre los delitos que se cometen en ellas, persiguiendo a ciberacosadores o estafadores, así como a aquellos que las aprovechan para difundir en ellas sus discursos incitando al odio contra otras personas por su identidad sexual, su religión o su país de origen, entre otros aspectos. De hecho, la mayoría de las denuncias por este tipo de hechos que investiga el Ministerio Público en Málaga se producen en Twitter.

Así lo asegura la responsable de la especialidad en delitos de odio de la Fiscalía malagueña, María Teresa Verdugo, quien explica que se enfrentan a tres tipos de casos: «Están las agresiones o vejaciones que se cometen contra personas de los colectivos afectados, que normalmente llegan vía atestado policial, los hechos en los que se les deniegan prestaciones o servicios, como por ejemplo la entrada a un bar, y los que están relacionados con discursos de odio».

Estos últimos casos representan actualmente un 70 por ciento de las situaciones que se están investigando en la Fiscalía de Málaga. De ellas, según insiste Verdugo, la mayoría son supuestos delitos de discursos de odio que se habrían cometido en Twitter.

El tono de la conversación

La explicación para la fiscal viene de la facilidad con la que se puede emitir un mensaje para que llegue a muchas personas. «Antes si querías difundirlo a gran escala tenías que trabajar muy duro, congregando grupos de gente, imprimiendo y repartiendo octavillas… sin embargo, ahora, con un solo golpe de dedo en la pantalla, reciben tus palabras miles de personas», expone.

Asimismo, afirma que esta fácil propagación de los mensajes también provoca que el tono de las conversaciones aumente rápidamente, ya que no hay control sobre ellas. Muchos de estos mensajes incitando al odio provienen de perfiles falsos que se crean para ello.

Al respecto, Verdugo precisa que también existe una falsa sensación de impunidad en este sentido. Así, asevera que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están realizando una gran labor de investigación para descubrir quienes son las personas que se esconden tras estos perfiles, para, entre otros aspectos, saber si pertenecen a grupos violentos y cualificar así la gravedad de la amenaza.

Por ejemplo, la fiscal señala que el reto de luchar contra los delitos de discurso de odio se dispara cuando se da a conocer alguna noticia a nivel nacional relacionada, entre otros aspectos, con la nacionalidad o la religión de algunos de los colectivos afectados: «Cuando el alumno de un instituto en Cataluña mató a un profesor con una ballesta el año pasado, se dispararon los mensajes desafortunados y de contenido violento contra los catalanes. Una asociación de derechos humanos detectó una treintena de ellos que podrían ser delito y lo denunció. Se fue identificando a los usuarios y aquí en Málaga se está investigando a varios de ellos».

Sin embargo, pese a que sí se ha registrado un repunte en los casos de discursos que incitan al odio debido, entre otros aspectos, a las redes sociales, lo que no se ha dado es un aumento de los delitos de odio en general. La fiscal explica que, aunque se incrementan las cifras de casos que se conocen, no es que en la calle haya más intolerancia.

«Lo que ha crecido es la sensibilización de los agentes jurídicos sobre este asunto, hay un mayor interés por abordarlo y eso destapa muchos casos que, al igual que antes, estaban ahí, pero nadie actuaba», añade.

Falta de denuncias

De hecho, el mayor reto al que se enfrentan los profesionales en este momento respecto a los delitos de odio es que la mayoría de ellos no se denuncian. En este sentido, recuerda que las víctimas, en un alto número de casos, están desprotegidas: «Son personas con discapacidad, sin techo o inmigrantes que se encuentran en una situación irregular, entre otros, por lo que no confían en el sistema y es complicado que recurran a él. Incluso hay colectivos que están tan machacados socialmente que no perciben esa agresión como algo extraordinario».

Verdugo conoce bien esta situación, ya que es especialista en estos asuntos desde que se creó en la Fiscalía de Málaga la especialidad en delitos de odio en 2011, siendo el segundo lugar del país en el que se ponía en marcha, después de Barcelona. La fiscal denuncia la desprotección a la que se enfrentan las víctimas de estos casos y solicita más formulas para protegerlas.