La defensora local de Barcelona, Assumpció Vilà, ha criticado este viernes el anuncio de la reapertura del centro de internamiento de extranjeros (CIE) de la Zona Franca. La Síndica ha argumentado en una nota que la finalidad de este tipo de centros es antidemocrática, según su opinión: “Privar de libertad e incomunicar a ciudadanos indocumentados o sin permiso para residir en territorio español”. El gesto de Vilà es más una declaración y un aviso que otra cosa. El cargo, como ella misma reconoce, no tiene competencias para actuar “lamentablemente”. “Las competencias de la Sindicatura son únicamente de ámbito municipal, y el CIE es una instalación del Gobierno central”, aclara. En realidad, el Consistorio sí tiene una potestad dentro del centro: La asistencia jurídica de los internos la paga el Ayuntamiento de Barcelona por medio de un convenio con el Colegio de Abogados que se firmó en 2014.

Según Vilà, el CIE de la Zona Franca es un espacio "donde se han vulnerado, en diversas ocasiones, los derechos humanos de las personas internas”. La defensora añade que se trata de una instalación “muy opaca”, por lo que es muy difícil investigar lo que ocurre dentro. “Sólo por estos motivos, este tipo de centros tendrían que dejar de existir”, sostiene.

Cuando se cerró durante el mes de noviembre pasado, la plataforma Tancarem el CIE y el Ayuntamiento de Barcelona —con apoyo de BComú, CiU, ERC, PSC y CUP—, pidió al Gobierno central que el CIE de la Zona Franca no reabriera. También el Parlament de Catalunya instó a actuar de la misma manera, algo que sostiene Vilà. La síndica apunta que, a lo largo de los últimos años, numerosas entidades de defensa de los derechos humanos, partidos políticos y su homólogo de Cataluña, Rafael Ribó, se han posicionado en contra de este tipo de instalaciones.