Amnistía Internacional (AI) acusó hoy al Estado alemán de dejar en la estacada a las víctimas de la violencia racista y exigió investigar los posibles prejuicios existentes en los cuerpos de seguridad ante su fracaso a la hora de responder al drástico aumento de estos delitos.

“La cifra de las agresiones racistas en Alemania es la más alta registrada desde la creación de la República Federal y el Estado es incapaz de proteger como es debido a las personas de estas agresiones”, advirtió la secretaria general de la sección alemana de AI, Selmin Caliskan, al presentar un informe hoy en Berlín.

El documento, que lleva por título “Vivir en la inseguridad. Cómo deja Alemania en la estacada a las víctimas de violencia racista”, indica a partir de cifras oficiales que las agresiones racistas contra minorías étnicas y religiosas aumentaron un 87 % entre 2013, cuando se denunciaron 693 delitos de ese tipo, y 2015, con 1.295 denuncias.

En 2015 se denunciaron además 1.031 delitos contra solicitantes de asilo, 16 veces más que los 63 registrados en 2013.

Alemania debe cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos y proteger a las personas objeto de ataques racistas, en primer lugar reconociendo esas agresiones como tales y no sólo como simples delitos comunes, exigió Caliskan.

Para ello, es necesario que a la hora de investigar un delito no se tenga sólo en cuenta la “motivación ideológica” del autor o su vínculo con grupos extremistas, sino también si la víctima, por su perfil – por ejemplo su color de piel, religión u orientación sexual – podría haber sido objeto de una agresión racista.

Marco Perolini, autor principal del informe, denunció el fracaso de las autoridades alemanas a la hora de investigar y enjuiciar este tipo de delitos – “lo que apunta en cierto modo a un racismo institucional” – , y en la prevención, en particular en los centros de acogida de refugiados.

Según el informe de AI, muchas de estas deficiencias quedaron patentes con las investigaciones poco rigurosas que permitieron a la célula terrorista neonazi “Clandestinidad Nacionalsocialista” (NSU), destapada en 2011, asesinar entre 2000 y 2007 a nueve inmigrantes y una policía.

A pesar de las medidas adoptadas desde entonces, se siguen documentando deficiencias a la hora de investigar y enjuiciar delitos de tipo racista, denunció Perolini.

“AI exige una investigación independiente para determinar hasta qué punto existe racismo institucional dentro de los organismos encargados de hacer cumplir la ley y cómo dificulta éste la investigación de delitos racistas”, recalcó Caliskan.

Reclamó asimismo un plan a nivel federal para la protección de centros de acogida de refugiados, que incluya, entre otros puntos, que la policía local esté informada siempre de la construcción de nuevos albergues y de la fecha en la que van a ser ocupados.

También es necesario que todos los actores implicados en la seguridad de dichos centros celebren encuentros regulares, agregó.