El Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de la Zona Franca reabrirá antes de las elecciones del 26 de junio. Lo más probable es que a finales de la semana que viene las instalaciones vuelvan a estar en uso, según explicó este jueves un portavoz de la Jefatura Superior de Policía de Cataluña. El centro cerró en noviembre para realizar unas obras de mejora. Entonces, el Parlament, el Ayuntamiento de Barcelona y la plataforma Tanquem els CIES pidieron que no volviese a abrir.

El cierre del CIE ha sido un caballo de batalla de las instituciones y de parte de la sociedad civil catalana. Con la alcaldesa Ada Colau a la cabeza, se ha reclamado al Ministerio del Interior que cerrase definitivamente el complejo policial, que existe desde 2006, en el que son internados los inmigrantes en situación irregular (una infracción administrativa) antes de ser expulsados. La policía asegura que la mayoría tiene antecedentes policiales.

El cierre temporal por las obras hizo pensar que quizá se lograría con la presión popular que no volviese a abrir, aunque el Ministerio nunca demostró una voluntad de ceder. La reapertura, con dos meses de retraso, garantiza que mande quien mande en Madrid después de las elecciones, el CIE volverá a estar en funcionamiento.

“Nos parece desastroso, y estamos obviamente en contra. Es un sitio que vulnera los derechos humanos. No tiene ningún sentido su reapertura y nos genera cierto desconcierto”, aseguró este jueves María Canut de la plataforma Tanquem els CIES. “Creíamos que realmente vivíamos en un país democrático donde se respetan posicionamientos tan firmes como el que hay contra el CIE, que es la punta de lanza de la violencia contra las personas que emigran”, añadió, sobre las esperanzas que tenían de su cierre definitivo.

“Ya trasladamos al ministro que la función del CIE queda en entredicho porque es un recurso que se usa de forma habitual cuando debería ser el último recurso, si es que tuviesen que existir”, aseguró este jueves a este diario el consejero de Justicia, Carles Mundó, que ya hizo llegar una carta al ministro Jorge Fernández Díaz pidiendo el cierre, después de que el Parlament se posicionase en ese sentido. Y destacó que en el caso de que la reapertura tenga una voluntad electoral, “debe responder a subrayar la dureza en sus políticas de inmigración”.

El Ministerio decidió en noviembre su clausura temporal para acometer las obras después de que los juzgados que se encargan de la supervisión del centro ordenasen la mejora de las instalaciones. Poco antes se agilizaron las expulsiones pendientes, y se recolocó a algunas personas en CIES de otros puntos de España, como el de Valencia, según explicó un portavoz policial. Entre los cambios que se han llevado a cabo, está la eliminación de las barreras físicas en los locutorios entre los internos y quienes les visitan.

El CIE tiene capacidad para 236 personas, pero normalmente cuenta con un centenar de internos. Según datos de la Policía, el año pasado se expulsaron a 366 personas del CIE de Zona Franca; de estas, 362 tenían antecedentes penales. En algunos casos, se trata de personas condenadas a delitos de menos de seis años de prisión, a los que se les conmuta la condena con la expulsión.