Un presunto yihadista podría llegar
a ser funcionario del Estado si el
juez admite su petición de salir de
la cárcel para examinarse de la
oposición a la que fue admitido durante
el tiempo que estuvo en libertad
bajo fianza.
Kamal Mohamed Dris, español
detenido en Melilla en 2014 acusado
de un delito de pertenencia a organización
criminal, opta a una plaza fija
en el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte. Su detención se
produjo durante la llamada operación
Javer contra el terrorismo yihadista,
que desarticuló una importante
red dedicada al envío de personas
para unirse a los grupos de Al Qaeda
en el Sahel, concretamente al Movimiento
para la Unicidad y la Yihad
en África Occidental (Mujao). Entre
los seis detenidos en la operación estaba
el considerado por Interior como
primer español retornado
de la yihad.
La oportunidad de
Mohamed Dris de convertirse
en funcionario
en Melilla se presentó
menos de un año y medio
después de que el
juez de la Audiencia Nacional Fernando
Andreu dictara prisión preventiva
para los detenidos. En el verano
de 2015, tras pagar una fianza
de 2.000 euros, el juez puso en libertad
al presunto yihadista.
«Desde el mismo día en que quedó
en libertad bajo fianza comenzó
a prepararse la oposición a la Subsecretaría
de la Dirección Provincial
de Melilla, convocada en diciembre
de 2015», cuenta su abogado
Luis Álvarez Collado. «Hemos
presentado un escrito solicitando
su salida de prisión para presentarse
a examen, pero aún no hemos
obtenido respuesta», añade.
A pesar de la gravedad de los
cargos que se le imputan, en febrero
de 2016 el BOE publicó su nombre
entre la lista de admitidos a un
examen al que legalmente tiene derecho.
«Sobre él no pesa una condena
firme. La presunción de inocencia
le ampara y le permite presentarse
y ser admitido a un
empleo público», explican fuentes
jurídicas consultadas, que matizan
que, «aun estando dentro de la legalidad,
es un caso chocante».
El proceso iniciado por el acusado
para presentarse a la prueba se
truncó a principios del pasado abril,
después de pasar 10 meses en libertad,
cuando el juez dictó un auto de
procesamiento y ordenó su reingreso
en prisión para garantizar su
asistencia al juicio, que según su defensa
aún podría tardar un año.
La investigación identifica a Mohamed
Dris como uno de los integrantes
de la célula de Melilla vinculados
con radicales asentados en
Turquía y Siria, según consta en el
auto de procesamiento, al que ha tenido
acceso EL MUNDO. Una red
que también estaba detrás de las plataformas
Sahria4Spain y Millatu
Ibrahim España, que formaban parte
de una amplia estructura de captación
yihadista a nivel internacional.
«Mientras que no esté con los
muyahidines no valdré nada». En
base a esta y otras afirmaciones que
recoge el auto, el acusado tendría a
la yihad como su fin vital. Habría
asegurado que «inducir a la lucha
contra los infieles es obligación de
todo musulmán: con sus manos,
con su boca o con su corazón… la
lucha yihad es una obligación hasta
el día del juicio final»; y creería que
esa misión es un camino sin retorno:
«El que vaya al campo de batalla
debe convencerse de que no hay
vuelta atrás si no es con la victoria o
el martirio [sic]».
El juez deja claro en el auto que
los abundantes indicios de criminalidad
descritos exceden, en mucho,
el concepto de «suposiciones», como
argumenta la defensa en un recurso
de apelación desestimado el
pasado mes de mayo.
Un año antes de ser detenido,
Mohamed Dris manifestó su deseo
de viajar a Siria para realizar la
yihad y afirmó que «hay mucha
gente que quiere irse a Siria, pero
que no puede porque no tiene el dinero
». En su poder tenía manuales
relacionados con el uso de todo tipo
de armas, textos para uso adoctrinador,
sobre cómo sobrevivir a situaciones
extremas o cómo afrontar
un interrogatorio, además de material
que incitaba al odio religioso
contra el Estado de Israel, según
consta en el auto.
De su actividad en internet se
desprende además que realizó numerosas
búsquedas en Google
Maps marcando la localización de
instituciones del Estado como el Tribunal
Constitucional, el Congreso
de los Diputados, el Tribunal de
Cuentas y la DGT.
Al haber sido admitido a examen
y estar en su pleno derecho, el juez
Andreu es quien tiene la última palabra
sobre este caso. Podría concederle
permiso para acudir a examinarse
bajo fuertes medidas de seguridad,
pero según su abogado
«presumiblemente lo denegará». De
ser así, Álvarez Collado ha asegurado
que recurrirá la decisión.
La Justicia tendrá que resolver
antes del 10 de junio, fecha en que
se celebrará la prueba en la facultad
de Medicina de la Universidad
Complutense de Madrid.