Dice el refrán que no hay mal que cien años dure… ni cuerpo que lo resista, pero para José Ignacio Bilbao y su pareja, Verónica Alcalde, los 338 días que hoy cumplen guarecidos en una antigua nave industrial de Trapagaran empiezan a pesar como una losa centenaria. Y no solo porque su paupérrimo día a día rodeados de escombros esté poniendo en riesgo sus derechos, su salud y su seguridad – ni puertas dejaron los saqueadores de desgracias ajenas – sino porque la luz veraniega que se empieza a barruntar en el cielo de junio amenaza con no ser suficiente para iluminar el final del túnel en el que vive esta pareja desamparada. “Tenemos la impresión de que molestamos; de que esta realidad indiscutible, visible e incómoda, no les sugiere ni tan siquiera que es, en parte, también responsabilidad suya, y que en consecuencia, como vecinos vascos que somos, merecemos igual respeto y consideración que todos los demás”, señala Verónica,

Siquiera un candil, en forma de empadronamiento por parte del departamento de Bienestar social del Ayuntamiento, ha sido motivo suficiente para la esperanza de esta pareja – un joven camionero que aún no ha llegado a los 50 y al que un accidente dejó en paro y una madre de familia que trabajó hace muchos años en la limpieza – que no está dispuesta a renunciar a su dignidad. Un rayo de esperanza que no obstante debe abrirse paso entre las nubes de la burocracia o, como dice Verónica con voz temblorosa, entre “las instituciones que se vanaglorian de la voluntad solidaria del pueblo vasco. Ayuntamientos, sociedad civil, responsables de colores varios, con notoria y efectiva publicidad. Pero nosotros seguimos aquí”.

Apoyos Sin embargo, José Ignacio y Verónica no han caído en el desánimo gracias a los apoyos de ciudadanos anónimos que les han ayudado con muebles, enseres o comida, a los que se han sumado otras voluntades relacionadas con el colectivo Berriotxoak de Barakaldo o SOS Racismo de Araba que han formado una plataforma denominada Vecindad Vasca Sin Fronteras para defender sus derechos, una lucha que han llevado hasta el Parlamento Vasco. “Hemos registrado el pasado día 23 de mayo un escrito dirigido a la comisión de derechos humanos del Parlamento Vasco para que conozcan al situación de estos vecinos”, expresaba un miembro de la plataforma, quien indicó que albergan la esperanza de que “alguien se digne a acercarse para conocer la situación de esta pareja y tome las medidas adecuadas para atender sus derechos como ciudadanos vascos que son”.

Mientras esta petición sigue su curso oficial – se espera desde la plataforma que se obtenga alguna respuesta para la próxima semana – Verónica y José Ignacio señalan que no tienen prisa. “Nuestra paciencia no tiene límites. Nos obliga la necesidad, por supuesto. Les recordamos, de modo público y sincero, que deben de adoptar las medidas pertinentes a fin de cerrar una situación impresentable y socialmente inexcusable, por la vía del reconocimiento de nuestros derechos, y no por la de la beneficencia”, señala la pareja al tiempo que denuncian – sin dar nombres a pesar de la insistencia – “la propuesta de determinada ONG vasca, que nos ha ofrecido trabajo y techo compartido, naturalmente a cambio del 20% de nuestro virtual derecho a la RGI”.