Las investigaciones comenzaron a raíz de un parte de lesiones que el Servicio Riojano de Salud (Seris) remitió el pasado mes de enero a la Jefatura Superior de Policía de La Rioja. El informe recogía la atención que había recibido una joven, con una contusión severa en uno de sus ojos debido a un puñetazo que había recibido.

La joven manifestó a los sanitarios que había sido retenida contra su voluntad en un piso de Logroño y que estaba siendo obligada a ejercer la prostitución. Este fue detonante que puso en marcha la investigación por parte de la Unidad de la Familia y ujer de la Brigada de Policía Judicial.

La Jefatura comenzó a partir de entonces a montar varios dispositivos de vigilancia, que dieron como consecuencia la localización del inmueble, situado en la calle Luis Barrón de Logroño, y que oficialmente ocupaba una pareja en régimen de alquiler.

Los investigadores comprobaron cómo a este piso acudían hombres de forma regular, pero en horarios distintos. Llamaban al portero automático y subían hasta la vivienda para contratar servicios relacionados con la prostitución. Los vecinos informaron a los agentes de la Policía Nacional que esta actividad provocaba molestias.

Posteriormente, los agentes determinaron que la vivienda utilizada como prostíbulo era regentada por un hombre y una mujer, de nacional española y colombiana, de 49 y 42 años, respectivamente, por lo que fueron detenidos y pasaron a disposición de la autoridad judicial, que decretó su libertad con cargos.

El hombre y la mujer que tenían alquilado el piso en la calle Luis Barrón de la capital riojana se aprovechaban de la situación de vulnerabilidad económica y necesidad de sus víctimas, que eran cuatro mujeres de distintas nacionalidades, a las que obligaban a ejercer la prostitución, incluso utilizando la violencia física o las amenazas.

Sin el 60% de lo cobrado

También les retenían los objetos personales para evitar que abandonaran el piso y la actividad a la que estaban siendo sometidas contra su voluntad.

Se comprobó, además, durante el transcurso de la investigación que desarroló la Univdad de la Familia y la Mujer de la Brigada de la Policía Judicial, que les imponían unas condiciones gravosas y abusivas, ya que el hombre y la mujer detenidos se quedaban con el 60 por ciento del dinero cobrado por los gastos servicios, más los gastos derivados de la manutención y el alojamiento.