Cinco familias al día – un total de 1.827 a lo largo del año pasado – son atendidas por los servicios sociales de la Diputación por tener graves dificultades para la educación de sus hijos o cuando se produce una situación de alto riesgo de desamparo de los menores, el doble que hace cinco años. Pueden ser jóvenes con problemas de conducta o niños que no reciben los cuidados básicos como la higiene y la alimentación, pero también historias más graves de maltrato o abandono dentro de la familia. El objetivo es mejorar las competencias de los padres para que los menores se puedan mantener en el domicilio familiar y evitar así la medida legal de la separación de sus padres, dentro de lo posible.

Cuando ya no existe otra garantía y los menores no son atendidos correctamente por su propia familia, entonces sí se da el paso de una mayor protección. A 31 de diciembre de 2015, había 1.041 menores bajo custodia de la Diputación, de los cuales 687 estaban en centros residenciales y otros 354 en acogida, bien con otros miembros de su familia, en su mayoría abuelos (acogida extensa), bien en familias de acogida ajenas, un servicio al alza.

El aumento de las situaciones de desprotección o de riesgo de desamparo del último lustro coincide con los años de mayor incidencia de la crisis. En 2010 la Diputación intervino en 912 casos, de los cuales en 510 había menores de edad. Cinco años después, la cifra ha escalado hasta los 1.827 familias, con 1.393 menores a su cargo.

¿Hasta qué punto influye la situación económica? Los expertos sociales prefieren no vincular en exclusiva las situaciones de desamparo a la pobreza. «No disponemos de estudios que avalen la relación directa entre la crisis y la desprotección infantil», sostiene Belén Larrion, directora del servicio de protección a la infancia y adolescencia de la Diputación de Gipuzkoa. «Pero podemos suponer que determinadas situaciones pueden tener un impacto» en la situación de los menores.

Esta no es la única explicación. La Diputación, y también los servicios sociales municipales, han extremado los protocolos para intentar una detección precoz de todas estas situaciones, desde las más leves a las más graves que requieren una respuesta urgente. No pasar por alto ninguna sospecha, pero intervenir solo cuando es necesario, es la regla de oro de un servicio cada vez más necesario para garantizar los cuidados a la parte más débil de la sociedad, la infancia. «El incremento es constante y mantenido en los últimos años. Esto no quiere decir que haya más niños en riesgo de desamparo, o que dicho de otra manera, haya más maltrato que antes, sino que se detecta más y mejor», puntualiza la directora foral.

La red de diagnóstico

Por desgracia no siempre los niños viven una infancia feliz, ajenos a los problemas. Lo saben muy bien los trabajadores sociales que en su día a día intentan paliar las situaciones más graves. Pero también los colegios y los servicios de Atención Primaria de Osakidetza, dos piezas clave de esa cadena que permite identificar posibles situaciones de riesgo de desprotección. «Si a eso unimos la alta sensibilización que la sociedad guipuzcoana presenta hacia los buenos tratos a la infancia, el resultado es que las cifras de notificaciones a la institución foral se incrementan cada año», explica Belén Larrion. La mayoría de los casos que llegan a la Diputación son derivados desde los servicios sociales de base, por ser la administración más cercana al ciudadano, pero la voz de alarma también suele llegar del sistema sanitario, escolar y policial. «El reto a futuro es conseguir detectar antes, a edades más tempranas», sostiene la directora foral.

Los servicios cuentan con varios programas de intervención. La evolución más llamativa la experimenta el programa ‘Garatu’, un recurso de diagnóstico y de tratamiento psicoterapéutico dirigido a personas menores en las que se ha detectado desprotección social y familiar graves que presentan problemas relacionales y de adaptación personal y social. En 2015 se atendió a 712 familias con 805 menores implicados, lo que supone un aumento del 40% respecto al año anterior.

La intervención temprana desde los servicios sociales también ha obtenido resultados positivos con los programas ‘Safecare’ e ‘Incredible years’, implantados en Donostia de la mano del Ayuntamiento y en colaboración con la Universidad del País Vasco UPV/EHU. El primero llegó el año pasado a diez familias con 16 menores implicados, lo que supone un aumento del 11%. El segundo recibió a 14 familias con 17 menores, lo que supone un incremento del 56% de los casos.

No todos los programas referidos a los menores en situación de desprotección aumentan. ‘Bideratu’, dirigido a las situaciones de maltrato y/o abuso sexual a menores de edad atendió un 25% menos de casos el año pasado (125 familias y 163 menores). También el bautizado como ‘Trebatu’ tuvo menos trabajo. Dirigido a familias con problemas de maltrato y/o abandono infantil intrafamiliar, atendió 398 casos con 639 menores, un descenso del 5,77%. Además, existe un recurso específico para ayudar a las familias de etnia gitana que presentan grandes dificultades para cubrir las necesidades básicas de sus miembros menores de edad. ‘Drom egin’ atendió a cinco de estos hogares, con 14 menores implicados, lo que significa un descenso del 44% de casos.