LOS incidentes islamistas de los últimos meses reviven una antigua contradicción de nuestro sistema de libertades políticas: la de cabecillas y grupos radicales que se sirven de los mecanismos del Estado de Derecho para subvertirlo y reemplazarlo por otra cosa de tipo utópico y maximalista. Bakunin, Mussolini, Hitler y los entornos violentos de diversas bandas terroristas como la RAF alemana, ETA y el IRA irlandés, cada cual en su momento, probaron suerte en este juego de poder peligroso y poco edificante. Ahora es el turno del islamismo radical. Y seguramente en el futuro vendrán otros, ya que la subversión parece ser una constante histórica en el desarrollo de las sociedades industrializadas.

Hasta ahora, la forma de hacer frente a tales desafíos antisistema ha sido mediante la guerra, el conflicto social y las porras de la policía. Sin embargo, el Estado de Derecho dispone de medios que permiten gestionar de modo menos traumático las tendencias disgregadoras que se incuban en el seno de cualquier sociedad democrática. Haciendo uso de ellos, se puede lograr que el impacto de estos encontronazos con el inconformismo no rebase la medida de fricciones culturales y sociales típicas de nuestra civilización globalizada y cosmopolita del siglo XXI.

La respuesta frente al choque cultural con el islam ha tenido lugar en posiciones extremas. De un lado, corrección política: conformismo progresista, permisividad frente a usos culturales bárbaros como el burka y la ablación del clítoris, escuelas públicas que rehúsan servir carne de cerdo en sus menús, políticos visitando mezquitas y haciendo discursos vacíos, frecuentemente a cambio de votos o financiación. Últimamente se habla mucho de los subsidios iraníes de Podemos. El hecho de que otros partidos no lo exploten como argumento electoral sugiere que tal vez Pablo Iglesias no sea el único político español que está recibiendo dinero procedente de países musulmanes.

En el otro extremo, nos encontramos con la respuesta islamófoba pura y dura, compuesta por estereotipos xenófobos: las tertulias de 13 TV, protestas viscerales en torno a la RGI, agitación en redes sociales, pintadas y actos vandálicos contra las mezquitas. No debería menospreciarse el efecto de la protesta antiislámica, aun siendo una postura minoritaria. La islamofobia de unos cuantos descerebrados está consiguiendo que la ciudadanía adquiera una visión bastante negativa del islam en su conjunto, como algo sórdido, medieval, violento, parasitario de nuestro sistema de ayudas públicas y peligroso para la sociedad.

Entre ambos polos tendríamos no obstante a ese amplio sector de la sociedad compuesto por gente moderada de todas las ideologías que no quiere saber de extremismos ultramontanos ni de la ambición de aventureros de la política que se comparan con Lenin en la estación de Finlandia haciendo como que se aprovechan astutamente del apoyo prestado por corruptocracias latinoamericanas o gobiernos teocráticos del Oriente Medio. También está la inmensa mayoría de los musulmanes residentes en Europa, que solo desean trabajar, vivir una vida normal e integrarse en la sociedad como cualquier otro ciudadano. Considerando que hablamos de mayorías muy respetables, decepciona la escasa atención que la clase política y los medios dedican a las propuestas de convivencia realmente útiles y constructivas.

En una sociedad democrática, donde no existen ideologías oficiales ni ingeniería social y donde se supone debería haber más diálogo que persuasión, la selección de interlocutores válidos constituye un proceso de la mayor importancia. El mantenimiento del Estado de Derecho requiere además coherencia en cuanto a planteamientos y valores. Eso significa, por supuesto, un trabajo concienzudo de juristas y responsables de la administración pública, más allá de propuestas fáciles a que tan aficionada es la clase política. El café para todos, por el prurito populista del momento o un mal entendido sentido de la democracia, es poco práctico. La experiencia histórica demuestra que al final termina por imponerse el más fanfarrón y el que vocifera más alto. En primer lugar habría que ver qué organizaciones e individuos están dispuestos a respetar los principios sobre los que se articula nuestro actual modelo de convivencia democrática, laica, progresista y regida por un sistema legal basado en la racionalidad y los derechos fundamentales de las personas. Todo lo que decidamos institucionalizar debería proceder de este círculo y de ningún otro.

Solo porque todos los musulmanes celebran el Ramadán y rezan cinco veces al día mirando hacia la Meca es un error considerar en pie de igualdad con las organizaciones ya establecidas desde hace tiempo (como por ejemplo la CIE o Conferencia Islámica Española) a entidades islámicas que predican una forma del islam tradicional, de tipo salafista, basada en la preeminencia de la Sharia, con ambiciones de funcionar al margen de nuestro ordenamiento legal y, por si fuera poco, vinculadas a movimientos subversivos que persiguen derrocar al gobierno del vecino reino de Marruecos.

En este sentido, el trabajo llevado a cabo por el legislativo y las administraciones públicas en el marco del nuevo decreto para el nombramiento de un único presidente de la Conferencia Islámica Española, es de la mayor importancia. No solo supone un avance en el proceso de integración ordenada de los musulmanes en la sociedad y el estado de derecho, en la línea de lo que se está haciendo en otros países de Europa. También responde a la necesidad de normalizar la situación de un colectivo religioso en los mismos términos que las restantes confesiones que conviven dentro de la sociedad civil occidental. De ello se beneficiarán no solo nuestros conciudadanos de religión musulmana sino también la sociedad en su conjunto, al incorporar a unos colectivos que componen ya una parte sustancial de la población.

Siendo Euskadi un referente en el desarrollo de políticas avanzadas para la integración de minorías, las instituciones vascas también deberían asumir la iniciativa en este campo. El choque de civilizaciones no es inevitable. La batalla contra los extremismos – tanto religiosos como laicos – se gana con información, inteligencia y medidas acertadas de gestión pública. Con ello se envía un mensaje muy claro: en una sociedad democrática no hay sitio para radicales. Pero lo más importante es que al mismo tiempo se están creando referencias sólidas que hacen más difícil la aparición de esas tierras de nadie desprovistas de valores y anclajes de identidad que tanto gustan a los imanes extremistas por constituir el medio perfecto para la cría de inadaptados de segunda generación y reclutas de la Yihad.