Los concejales del Ayuntamiento de Valencia que visitaron ayer el Centro de Internamiento de Extranjeros de la calle Zapadores salieron del recorrido por las instalaciones, que duró más de una hora, con el rostro desencajado. El concejal de Cooperación y Desarrollo, Berto Jaramillo, reconocía que lo que habían visto era «muy fuerte» y la de Igualdad, Isabel Lozano, se refirió a la «dureza» de la visita. Pero también salieron determinados a controlar la situación en su interior «con más inspecciones».

El alcalde de Valencia, Joan Ribó, que capitaneó la visita, abogó por el «respeto» a los Derechos Humanos tras su visita al de Zapadores. «Para nosotros es muy importante el respeto a los derechos de todas las personas, las que tengan papeles y las que no», apuntó el primer edil. «El motivo de nuestra visita es dejar claro que esto es una cosa de la ciudad da Valencia, que nosotros hemos de cuidar de su situación sanitaria, que se encuentra en condiciones adecuadas», indicó Ribó, que añadió que «la parte sanitaria se ha cumplido». No obstante, aseguró que en el CIE «se nota mucho la restricción a la libertad de movimiento de las personas».

Ribó insistió en que estos centros, que no le gustan, «no son cuestión de Policía Nacional, sino de la UE, que es la que dictamina la norma». Así, Ribó señaló que el consistorio continuará «teniendo control o presencia dentro de lo que tenga competencia», como las normas sanitarias, «y continuará abogando para que estas instituciones respeten los Derechos Humanos, y la forma de respetarlos es evidente que no es de esta manera», subrayó.

Jaramillo se mostró convencido de que «nadie que haya hecho una visita como esta puede apoyar un CIE». «Aquí hay personas que no han cometido delitos y no hay motivos para que se las prive de derechos», manifestó el concejal, que aseguró que lo que vieron en su visita al centro «ha sido bastante fuerte». El edil apuntó que la situación en Zapadores es «prácticamente la de una cárcel», porque «más allá de privación de libertad, no se respetan sus derechos mas básicos». Así, explicó que el consistorio está estudiando sus competencias «reales» respecto al CIE para determinar su puede llevar a cabo «algún tipo de inspección».

La concejala de Sanidad y Salud, Maite Girau, que también participó en la visita, hizo hincapié en que no hay «nada que objetar» respecto a las condiciones de salubridad de la instalación, pero sí hay «aspectos mejorables» como la relación con los internos y «más espacios para relaciones familiares». Lozano, por su parte, se refirió al interés del consistorio por «garantizar» los derechos de quienes precisen asilo.