El 90 % de los migrantes que llegaron a Europa el pasado año, 1.2 millones, recurrieron a redes de tráfico de personas. Las organizaciones criminales que operan en Europa se embolsaron con esta actividad, una de las más lucrativas, en torno a 4.400 y 5.000 millones de euros. Cada migrante pagó de media entre 3.000 y 6.000 dólares para entrar. Son las cifras que manejan Europol e Interpol. Las dos organizaciones publicaron ayer los resultados de un informe conjunto en el que se pone en relieve la facilidad con la que se mueven los traficantes de personas desde los países de origen a los de tránsito y destino.

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Sus tentáculos se extienden por toda la geografía gracias a una organización flexible y bien jerarquizada. Cada una de las rutas clandestinas de entrada a Europa es controlada por un líder encargado de coordinar el tráfico. Los organizadores se encargan de gestionar sobre el terreno los movimientos. Están presentes también en los campos de refugiados. Nadie denuncia su presencia porque los migrantes los consideran la única alternativa de poder cruzar las fronteras hasta sus países de destino. A los colaboradores o «facilitadores» externos a la organización se les encomienda el traslado de migrantes o la expedición de documentación falsa para cruzar fronteras.

En este «negocio multinacional», según Europol, participan individuos de hasta 100 nacionalidades distintas, muchos de ellos también vinculados al tráfico de drogas, armas y prostitución. El riesgo de que su modelo de negocio prospere es muy alto y podría tener consecuencias para la seguridad de la UE. Las propias agencias alertan del «riesgo creciente» de que se infiltren yihadistas del Estado Islámico en el flujo de migrantes, como el que se ha formado en Libia, donde hay un contingente de 800.000 personas que esperan en la costa el momento oportuno para poder cruzar a Europa. La UE se resiste a abrir puertas y algunos países, como Finlandia, se blindan modificando sus leyes. El Gobierno finlandés lo hizo ayer eliminar la posibilidad de acoger por razones humanitarias a cualquier migrante, a pesar de ser un derecho reconocido por los convenios internacionales. Parte de su argumento consiste en que ahora países como Afganistán, Irak y Somalia, de donde proceden gran parte de sus migrantes, son seguros y estos pueden solicitar el retorno.

Desesperación en Grecia
La situación de los 4.000 migrantes que permanecen en la isla griega de Lesbos a la espera de que las autoridades tramiten sus solicitudes de asilo no mejora. En los últimos días, decenas de refugiados afganos, pakistaníes y norteafricanos intentaron abandonar la isla escondidos en camiones que iban a ser trasladados en ferris hasta el Continente. Algunos de ellos intentaron, desesperados, subir a bordo escalando por las cadenas que mantenían anclados los buques. La crisis migratoria está dando un respiro al país heleno que en lo que va de mes solo registró 60 llegadas irregulares diarias frente al pico de 7.000 de octubre del 2015 .

«La estrategia de la UE funciona», celebró ayer el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en alusión al acuerdo entre la UE y Turquía que permite expulsar al país otomano a los refugiados que pisan las islas. El acuerdo se tambalea a medida que la tensión entre Bruselas y Ankara aumenta. El polaco insistió en que la UE «cumplirá su parte siempre que Turquía respete las reglas de juego y no juegue con ellas». El Gobierno de Erdogan insistió ayer en que no modificará la ley antiterrorista: «No tenemos ningún miedo. Ante tal imposición, no agacharemos la cabeza».