El PP ha retomado la propuesta de reforma legal dirigida a endurecer los
requisitos de acceso a la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) para que
no pueden recibir esta prestación ni los inmigrantes en situación
irregular ni los ciudadanos que no acrediten cinco años de padrón en
Euskadi.

GASTEIZ.  Estas propuestas estaban ya recogidas en la Iniciativa Legislativa Popular que la plataforma “Ayudas + Justas” llevó al Parlamento Vasco avalada por 37.000 firmas y que fue rechazada el pasado mes de octubre al contar con el único apoyo del PP.

Los populares han presentado ahora una proposición de ley dirigida a modificar la norma de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social, en la que se recogen alguno de los planteamientos incluidos en la ILP rechazada.

Así, en el texto se pide que para el acceso a la RGI sea necesaria la residencia legal del solicitante, por lo que quedarían fuera los inmigrantes en situación irregular, excepto las víctimas de trata de seres humanos o de violencia de género que cuenten con una autorización de residencia o trabajo por circunstancias excepcionales.

Se pide también como requisito el empadronamiento en Euskadi al menos durante cinco años dentro de los diez anteriores al momento de la solicitud.

El portavoz parlamentario del PP, Borja Sémper, y su compañera de grupo Laura Garrido han presentado hoy en una comparecencia de prensa los contenidos de su iniciativa, tras mantener un encuentro con representantes de “Ayudas + Justas”.

En la exposición de motivos de la propuesta, el PP indica que es preciso que la norma que regula la RGI sea “más justa y eficiente” y que es necesario que esta prestación sea mejorada para que tenga un mayor respaldo social en Euskadi.

Sémper ha subrayado que debe llevarse a cabo una reforma legal para evitar el fraude, corregir los “errores” de gestión por parte de Lanbide, e incluir en el sistema a personas que necesitan esta ayuda, pero que se quedan ahora fuera del mismo por contar con un pequeño patrimonio inmueble.

Ha reconocido que durante la tramitación de la ILP rechazada, cuya defensa desde el PP asumió el exalcalde de Gasteiz, Javier Maroto, se dijeron “cosas tan gruesas, que por serlo son injustas” y que provocaron que los partidos “se alejasen del entendimiento y de la capacidad” de acordar hacer “más eficaz” la RGI para que sea “más justa y llegue a quienes más lo necesitan”.

En este sentido, Sémper ha asegurado que su grupo está dispuesto a “dejarse la piel” para que la iniciativa sea debatida ahora “con serenidad, de forma equilibrada, con argumento y de manera razonable”.

Por su parte, Garrido ha asegurado que con esta proposición su partido “coge el testigo de miles de vascos que recibieron un portazo al traer sus firmas”, en un momento en el que “el debate está en la calle y el propio Gobierno vasco ha constatado el fracaso de Lanbide”.

Preguntada por el planteamiento de dejar fuera de estas ayudas a los inmigrantes sin papeles, la parlamentaria popular ha aludido al “efecto llamada” de la RGI.

Asimismo, ha subrayado que el objetivo del sistema no debe ser la “cronificación” de la recepción de estas ayudas y ha señalado que si desde Lanbide hubiera un seguimiento “exhaustivo” de los itinerarios de inserción y formación de cada perceptor “se mejorarían mucho sus oportunidades de empleabilidad”.

Los populares han defendido que, a pesar de haber presentado esta propuesta al final de esta legislatura, “si hay voluntad política” es posible aprobarla.

“Las instituciones no se pueden parar”, ha dicho Sémper, quien ha insistido en que “hasta que no se disuelva la Cámara hay que seguir trabajando”.