a pesar de que desde el año 2009 Europa lleva mucho tiempo siendo sinónimo de crisis y de inestabilidad que comenzaron con la mayor recesión económica conocida hasta ahora, siguió con la situación de Grecia, el conflicto de Ucrania y, desde mediados de 2015, su incapacidad para resolver la acogida de los miles de refugiados que huyen de la guerra de Siria y que ha puesto al descubierto las debilidades de la Unión Europea, sin embargo, el proyecto europeo sigue mereciendo la pena a pesar de sus grandes imperfecciones y de las dificultades para consolidar una Europa federal.

Dentro de dos semanas el proyecto europeo tendrá su mejor prueba de resistencia con la celebración del referéndum en el Reino Unido sobre una eventual salida de la Unión Europea, el denominado Brexit, que puede provocar suspiros de alivio si ganan los favorables al mantenimiento del actual status quo o por, el contrario, significará una afección muy importante en los cimientos de la UE y graves consecuencias para los propios ingleses.

No ya por las grandes afecciones económicas que para el Reino Unido, – que cuenta con una de las plazas financieras más importantes del mundo – , supondría la salida de la UE, sino porque una victoria del no de los británicos significaría la apertura del debate del derecho a decidir de las naciones europeas sin Estado, por la posición favorable de Escocia y Gales a permanecer en el seno de la UE. Como dice la europarlamentaria del PNV, Izaskun Bilbao, pasaríamos del Brexit al Englandexit

“Creo que pronto vamos a coincidir que sumar con el europeísmo de escoceses, galeses, vascos, catalanes o flamencos es una cuestión de democracia y de derechos fundamentales y plenamente europea”, dijo la diputada europea jeltzale en un pleno celebrado en el Parlamento Europeo a raíz del acuerdo alcanzado en Bruselas por el que el gobierno británico se comprometía a hacer una campaña a favor de la permanencia del Reino Unido en la UE.

A la espera de cómo se pronuncien los británicos, lo cierto es que el debate en estos momentos en Europa está centrado en las negociaciones entre Bruselas y Estados Unidos a la hora de establecer una Asociación Transatlántica sobre Comercio e Inversión, – TTIP por sus siglas en inglés – , que está provocando un gran número de reacciones contrarias por parte de organizaciones de izquierdas, sindicatos y ONGs que están poniendo en cuestión el acuerdo por lo que puede suponer de rebaja de los estándares europeos de protección del medio ambiente y de los consumidores.

Está claro que el mantenimiento de los niveles de protección de los consumidores, derechos laborales y medioambientales que existen en Europa son unas líneas rojas tan infranqueables y asumidas por el conjunto de los europeos que es muy difícil que el equipo negociador de la comisaria de Comercio de la UE, Cecilia Malmströn, haga dejación de esos principios por muchas presiones que tenga por parte de las grandes corporaciones y los influyentes lobbys estadounidenses.

En este sentido, el Parlamento Europeo, que es quien aprueba o no este tratado de libre comercio con Estados Unidos, ha fijado a la comisión negociadora de la CE una serie de límites que no solo se reducen al mantenimiento de los estándares de protección ambiental, social y de seguridad alimentaria, que son más laxos en Estados Unidos, sino que la lista se amplía a la protección de las inversiones europeas en ese país y acaba con las diferencias de trato entre inversores locales y foráneos, así como la incorporación de una lista de productos agrarios sensibles a posibles importaciones masivas.

La preocupación también se extiende al mantenimiento de los estándares europeos de protección de datos, la apertura de los mercados estadounidenses de transporte a los contratistas europeos y de la contratación pública en sectores como construcción, ingeniería civil, transporte y energía, donde los europeos están vetados, aunque no en sentido inverso.

Hay dos puntos de especial interés donde la posición del Parlamento Europeo es inflexible en la negociación del tratado por la diferente situación en la que se encuentran los ciudadanos europeos respecto de los estadounidenses en lo que se refiere al mantenimiento y vigilancia de los derechos sociales y laborales. En concreto se pide a Estados Unidos que firme y aplique las ocho convenciones principales de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de las dos que ha suscrito, con el fin de que exista una garantía internacional sobre derechos sociales y laborales.

Del mismo modo ha planteado la exclusión del acuerdo con Estados Unidos de servicios públicos como el suministro de agua, servicios sociales, sistemas de Seguridad Social y educación.

Se puede entender el antiamericanismo que existe en Europa, especialmente en Alemania, como consecuencia de las escuchas telefónicas que el Gobierno de Estados Unidos realizó a varios mandatarios europeos, entre ellos a la canciller Ángela Merkel, lo que da lugar a que existan muchas suspicacias sobre la fiabilidad de los interlocutores, pero lo cierto es que el TTIP va a favorecer a las pymes que conforman el 80% de la economía europea y estadounidense. En el caso vasco y, en particular, guipuzcoano las pymes conforman casi en exclusiva su tejido productivo.

Las grandes corporaciones y las multinacionales disponen de medios y alianzas para superar los problemas de acceso de los mercados, pero las pymes son las que sufren las barreras regulatorias. El TTIP no solo reducirá o, en la mayoría de los casos, suprimirá los aranceles que se aplican actualmente entre la UE y Estados Unidos, que en general son bajos en torno a un 4%, aunque, en algunos sectores todavía son muy altos, sino que disminuirá los costes burocráticos innecesarios.

La apertura del mercado de Estados Unidos va a estimular la competencia, la innovación, la internacionalización y la aparición de nuevas oportunidades en sectores en los que la industria vasca está muy bien posicionada como los de la energía, la automoción, la aeronáutica, el transporte y las producciones de calidad en el sector agrícola.

Entretanto, y mientras en Madrid la política se ha convertido en un estudio televisivo muy alejado de las preocupaciones de los ciudadanos y las decisiones de sus gobiernos tiene un alto coste para nuestras empresas, – basta recordar el aumento del 19% del coste que ha sufrido la energía en los últimos 15 años por encima de los productos que fabrican las empresas – , la mirada de los vascos debe tener como horizonte a Bruselas, que es donde están las oportunidades.

En este sentido, la reciente aprobación del Parlamento Europeo del denominado “Cuarto paquete ferroviario” que, entre otras medidas contempla la homologación en un único proceso de todas las normativas que existen en cada Estado de la UE, coloca al fabricante de ferrocarriles guipuzcoano CAF en una inmejorable situación de competitividad para poder afrontar con éxito el mercado europeo que es su principal reto en este momento por las grandes expectativas que ofrece.

Esta decisión del Parlamento Europeo supone una considerable reducción de los plazos de entrega y un ahorro de costes al disminuir los recursos financieros que se retienen en este tipo de contrataciones. En este momento, el proceso de homologación de nuevos trenes y equipos en el mercado europeo supone un tiempo desproporcionado de varios años, que en ocasiones llega a ser superior al invertido en el diseño y producción. Todo un sin sentido que deriva de la existencia de 11.000 normas diferentes emitidas por 27 agencias estatales diferentes y que suponen para el cliente un coste el 30% en el caso de una locomotora y de un 10% en los coches. Por eso, a pesar de las incertidumbres, nuestro destino sigue siendo Europa.