Desde 2012 las solicitudes de asilo en España y Catalunya han ido en continuo aumento, como consecuencia de la crisis humanitaria en Siria y otros conflictos como el de Ucrania. Es en 2015 cuando se observa un repunte alarmante. En Catalunya, donde se registra el 9% del total de solicitudes de España, se observa un incremento del 61’4% en 2015 respecto al año anterior. En total, la comunidad catalana recibió 1.302 peticiones de asilo en 2015, 1.143 de ellas en la ciudad de Barcelona. Ante este aumento, el Gobierno central acepta actualmente alrededor del 40-50% de las solicitudes, mientras que antes de la llegada de refugiados admitían solo un 30% de ellas, según calculan el Ayuntamiento de Barcelona y las oenegés encargadas de dar refugio.

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En setiembre 2015 el ayuntamiento de la capital catalana puso en marcha el plan Barcelona, Ciutat Refugi para dar respuesta al repunte en la petición de asilo. En aquel momento, la voz de alarma fue dada por la entidad municipal SAIER (Servei d’atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats) que registró el mismo setiembre de 2015 un total de 1.784 estancias en alojamientos de personas en proceso de obtención del derecho de asilo. Todo ello, denuncian,ocurrió porque “en aquel momento, la política de asilo española no contemplaba una fase previa de acogida para los solicitantes que al llegar se encontraban sin un techo”. Por entonces, el ayuntamiento barcelonés sufragó los gastos de alojamiento a estos refugiados por un total de 600.000 euros. A finales de año, el Gobierno central decidió delegar la función de acogida previa a la Cruz Roja, que al verse sin fondos también tuvo que ser ayudada por el consistorio de Barcelona.

DENUNCIAS

El Ayuntamiento critica la falta de efectividad del plan de acogida español, el cual ven “insuficiente” al considerar que “solo se cuida de la asistencia jurídica”. Por ello, el plan municipal “Ciudat Refugi” prevé un sistema de acogida complementario para dar continuidad y más flexibilidad a los refugiados que salgan del plan español de refugio. Por su parte, las entidades detectan que en la mayoría de casos, los 18 meses que determina el programa estatal de acogida “no garantizan la integración y la final autonomía de los exiliados”.

Además, el conjunto de oenegés encargadas en Catalunya, agrupadas en el colectivo Asil.cat, denuncian la especial despreocupación del colectivo de refugiados más vulnerables por parte del Estado español “El Ministerio de Empleo y Seguridad Social, ni siquiera tenia catalogados, hasta este año, aquellos refugiados más vulnerables como las familias con niños”.

Tanto los servicios sociales del consistorio como las entidades, también se muestran especialmente preocupados en la falta de transparencia del Estado español en cuanto a la gestión de los fondos europeos de ayuda a la inmigración y demandantes de asilo. “Desde el año 2011 no tenemos constancia de qué se hace con todos los fondos de la UE para esta ayuda. Entendemos que gran parte se destinan a los CIE (Centros de Internamiento de Extranjería) y al vallado de Melilla”, denuncian.

Pascale Coissard, coordinadora de Asil.cat, asegura que en 2014, “el Estado español devolvió hasta un millón de euros de estos fondos a la UE, sin dar explicaciones”. Por su parte, Ignasi Calbó, coordinador del plan de acogida del Ayuntamiento, lamenta la “incoherencia del Estado español de tener la competencia exclusiva en tema de refugiados cuando son las ciudades quienes los acogen”.