“Nos piden paciencia, que se la pidan al juez”. Así responden los vecinos del bloque de pisos de la avenida Sant Jordi de Arenys de Munt, que desde el 3 de marzo del 2010 acoge un oratorio musulmán en un local comercial. Desde primeros de año tienen una sentencia favorable del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que revoca y deja sin efecto la licencia otorgada para instalar la mezquita. Ante la inacción municipal, los afectados han presentado una demanda de ejecución de sentencia.

La sentencia irrevocable fue emitida el 24 de enero del 2016. La coalición que dirige el gobierno municipal en Arenys de Munt está integrada por ERC, CUP y PSC, liderada por el republicano Joan Rabasseda, quien mantiene que “colaboramos para buscar una nueva ubicación de la mezquita”. Pero han pasado seis meses y la comunidad musulmana no halla un local que les satisfaga. “Sólo tienen 500 euros mensuales de presupuesto”, apunta el alcalde, lo que imposibilita que puedan alquilar un local o una nave industrial, como sugieren los vecinos que presentaron la denuncia. Si el tribunal exige una fecha para clausurar la mezquita “no se la podemos ofrecer”, asegura Rabasseda, que ha pedido el amparo de la dirección general de Afers Religiosos de la Generalitat y se pregunta “si todas las mezquitas que no dispongan de aparcamiento se verán obligadas a cerrar”. Esta fue una de las irregularidades alegadas por los vecinos, que no están dispuestos a esperar. “¿Les parece poco haber sufrido las molestias de una instalación así durante seis años?”, dicen. Durante este tiempo se han movilizado y recogieron unas 350 firmas para evitar la apertura del oratorio. Rechazan motivaciones xenófobas y relatan que la gran afluencia de fieles a la pequeña mezquita, especialmente en fechas señaladas, “genera alboroto callejero hasta altas horas de la madrugada” y hace inviable la convivencia. Ante el temor de que la búsqueda de un local se alargue, el abogado de los vecinos, Albert Canals, ha interpuesto una demanda de ejecución de sentencia. De no acatar la resolución, el Ayuntamiento se enfrenta a sanciones económicas.

“Desde que se ha emitido la sentencia el Ayuntamiento no ha hecho caso a nuestras peticiones y ha ignorado nuestros requerimientos”. La mezquita sigue abierta seis meses después, aseguran los vecinos del bloque. Algunos han optado incluso por cambiar su lugar de residencia.

Los demandantes alegaron que la instalación del centro religioso en el local comercial incurría en irregularidades en materia de ventilación y ruidos. El tribunal dejó una parte de la demanda sin efecto, pero en cambio aceptó que se vulneraba el régimen establecido de aparcamientos. Otro argumento de los residentes que no consta en la demanda es la devaluación de sus fincas. Uno de los vecinos demuestra la adquisición un piso en el 2007 por 190.000 euros (antes del pinchazo de la burbuja inmobiliaria). Según este mismo vecino, una reciente peritación ha devaluado su vivienda en 50.000 euros y “ni aún así consigo venderla”.

El conflicto vecinal también ha originado debate político. Así, el concejal del PP Ramon Planasrecuerda que desde el 2013 su partido reclama al equipo de gobierno que traslade la mezquita “para evitar perjuicios a los vecinos”. Lamenta que de poco hayan servido las reuniones y critica la falta de sensibilidad del ejecutivo local, que “no ha sabido reaccionar ni ante una demanda judicial”. Para Planas, es lamentable que el alcalde “sea incapaz de afrontar un problema vecinal” y que,en cambio, tome parte en el conflicto sin que logre arbitrar una solución.