La Comisión Europea lanzó ayer un envite, uno más, a los 28 Estados Miembros. Una idea arriesgada que tiene pocas probabilidades de éxito y muchas de volverse en su contra. El Colegio de Comisarios aprobó una nueva reforma del Sistema de Asilo Común, la enésima en un año, para tratar de desbloquear un mecanismo que si bien sobre el papel tiene el visto bueno de los 28 en la práctica está completamente atascado.

Entre la batería de ideas, cambios importantes en el Código de Dublín, que regula qué país tiene que tramitar las peticiones de asilo. Un mecanismo de emergencia que se activaría ante una cantidad «desproporcionada» de las peticiones y la posibilidad de que un país pueda permanecer al margen del sistema de distribución y relocalización de refugiados, pero a un coste prohibitivo: 250.000 euros por cada demandante que deba buscar residencia en otro lugar.

El propósito es muy claro: que esa «contribución solidaria» de un cuarto de millón de euros por persona sea imposible de aceptar, porque en el tema de asilos no se habla de decenas, salvo para los países más pequeños, sino de cientos o miles. Así que nadie podrá optar por esa vía y deberá asumir su parte, como por otro lado se firmó hasta en dos ocasiones, en julio y septiembre de 2015.

El problema es que al introducir la mera posibilidad de pagar para evitar, al modo en que las familias ricas evitaban en el pasado el servicio militar, se abre la puerta a que la idea prospere, pero a un precio más bajo. Porque la Comisión propone, pero el Consejo dispone. Y si la filosofía le parece aceptable a los técnicos, se pueden encontrar con que los políticos repliquen mercadeando con la cantidad.

El ministro del Interior polaco, Mariusz Błaszczak, reaccionó inmediatamente diciendo que la propuesta es «inaceptable» y que su Gobierno se «opondrá enérgicamente» en el Consejo Europeo. Como lo harán sus colegas del Grupo de Visegrado, con Eslovaquia a la cabeza. Esta vez, además, contarán con más apoyo, quizás el suficiente para lograr una mayoría cualificada si se llegara a votar algo tan crítico y controvertido.

Todo el problema es que el Código de Dublín está condenado. Quizás no del todo muerto, como bromeó el vicepresidente Frans Timmermans ayer, pero casi. Las reglas dicen que la tramitación de una petición de asilo debe hacerse en el país de llegada del demandante. Pero en la práctica ha quedado probado que Italia pero sobre todo Grecia son incapaces de hacer frente a decenas o cientos de miles de peticiones, por lo que urge un cambio.

La propuesta de Bruselas se sostiene sobre la misma idea de que el país de llegada de un inmigrante irregular debe ser el encargado de gestionar la petición de asilo. Pero con un «mecanismo correctivo» que se activaría «de forma automática» en circunstancias de emergencia.

La estructura es simple. Hace un año la Comisión propuso una fórmula que tenía en cuenta el PIB (40%), la población (40%), la tasa de paro (10%) y los esfuerzos previos (10%) para determinar qué porcentaje del total de demandantes le correspondía aceptar a cada país. Ahora, para este mecanismo, lo simplifica, lo que provocará la ira de países como España: sólo dos criterios, población y tamaño de la economía, al 50% cada uno. Eso servirá para fijar una cantidad relativa «de referencia» que cada país debe asumir. Cuando un país, como Grecia, llegue al 150% de su cantidad de referencia máxima, el «mecanismo automático» se activaría y las solitudes deberían ser procesadas por un tercer Estado Miembro, con la ayuda y coordinación de la EASO, la oficina europea de asilo, cuyo mandato, presupuesto y personal debería aumentar.

Los países podrán pedir permanecer al margen durante 12 meses de este sistema, pero a cambio tendrán que hacer una «contribución solidaria», o una penalización, de 250.000 euros por cada demandante que sea aceptado por otro Estado. La Comisión no quiere definirlo como multa, puesto que el dinero iría para el país que se encargara de la gestión.

La propuesta europea también contempla otra novedad: los demandantes de asilo se arriesgan a sanciones y castigos también si no cumplen el protocolo. El documento aprobado por el Colegio de Comisarios indica específicamente que la petición de asilo se deberá hacer en el país de entrada en la UE, y no en el que se prefiera. «No tienen derecho a elegir», se dice, y si este principio no se respeta su caso se estudiará «de forma acelerada», que es una forma de decir más sumaria y que podría conducir a un rechazo. Igualmente, los demandantes de asilo que lo hagan de forma irregular se enfrentarán a la posibilidad de perder derechos y ayudas, que sólo el caso de la sanitaria de emergencia quedarían suspendidos salvo en el país que legalmente les corresponde.

Según datos de la Comisión, en 2014 el 24% de los que pidieron asilo lo habían hecho ya con anterioridad en otro país, una doble petición irregular. El acuerdo con Turquía ha permitido reducir al mínimo las llegadas de embarcaciones, pero la amenaza de Ankara es constante, y ahora que llega el buen tiempo, más. Por eso la Comisión propuso prorrogar otros seis meses los controles fronterizos que media docena de países implantaron a finales del año pasado. Mientras pasa el buen tiempo y Grecia logra consolidar los progresos.

EL Gobierno de Tsipras no es capaz todavía de asumir la ingente tarea que tiene asignada, pero poco a poco va cumpliendo.