España aceptó en la cumbre europea de septiembre de 2015 acoger este año a 8.023 refugiados de los campamentos de Grecia e Italia, y otra cifra similar a lo largo de 2017. A fecha de hoy, y pese a la inminencia de la llegada de unos pocos centenares, solo han sido recibidos 18. Son muchos los sirios que han entrado y solicitado asilo en nuestro país a través de Ceuta y Melilla, o por avión; pero el compromiso europeo se centra en los campamentos de Grecia e Italia, y ahí el suspenso es sonoro.

Si se aprueba la propuesta dada a conocer ayer por la Comisión Europea – una multa de un cuarto de millón de euros por cada refugiado no admitido – , la sa

nción, en el hipotético caso de que el Gobierno español se cierre en banda y no admita a más sin papeles, ascendería a 3.967 millones de euros este año. Una cifra considerable, frente al presupuesto de 253 millones que – según las Ong – tiene ya previsto Madrid para reubicar y formar a los refugiados sirios. En relación con nuestra renta per cápita, cada español debería pagar 85 euros a Bruselas, además de colgarse el sambenito de insolidario con los refugiados que se hacinan en los campamentos griegos e italianos.

El Gobierno español aduce cuestiones de procedimiento complejo y lentitud de coordinación con varios organismos, para explicar el retraso en la llegada de refugiados. Madrid insiste en que la “seguridad” es un elemento vital, y pide una identificación exhaustiva de los 8.000 demandantes de asilo que se ha comprometido a acoger. Según las Ong “falta voluntad política”; y sobra sentido de provisionalidad en un gobierno que lleva meses en funciones.