Moncloa, Retiro, Arganzuela, Fuencarral, Ciudad Lineal, Moratalaz, Latina, Tetuán, Usera, Villa de Vallecas, Vicálvaro y Hortaleza, al lado de la A – 2. La lista de asentamientos
ilegales en Madrid
supera ya la docena. Se trata de asentamientos consolidados, construidos de manera precaria con tablones, plásticos, lonas o incluso tiendas de campaña que se montan y desmontan para la ocasión. La proliferación ha sido tal que el Ayuntamiento de Madrid va a dedicar, a petición del PP, un Pleno extraordinario y monográfico sobre el tema para encontrar la solución.

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha detallado que la semana pasada, con datos del Samur Social, se habían contabilizado 1.226 personas malviviendo en este tipo de asentamientos, lo que representa un 0,03% de la población madrileña, de las que 777 son rumanos de etnia gitana.

Higueras ha aseverado que el Ayuntamiento conoce “nombres, enfermedades, si tienen perro, si viven en una tienda de campaña que levantan por la mañana” de esas 777 personas. De ellas, 486 malviven en agrupación y los demás en asentamientos estables.

La delegada ha detallado que en Arganzuela hay contabilizados doce asentamientos, con 153 personas, 104 de ellas son hombres.

Conocido el diagnóstico falta por conocer el tratamiento. Algo para lo que la corporación municipal, Ahora Madrid, ha propuesto ceder suelo público a los chabolistas de determinados núcleos para construir sus casas supervisados por profesionales.

Una medida muy en la línea de la propuesta por Ciudadanos, en la oposición, quien aboga por ofrecer a quienes viven en “condiciones insalubres y precarias” una solución habitacional. Su portavoz, Begoña Villacís, ha recordado que la existencia de poblados chabolistas no es un fenómeno actual sino que se produce desde hace 17 años pero ha advertido de que la situación en los últimos dos ejercicios se está “agudizando”, debido en parte al “efecto llamada” de la inacción municipal.

Ambas propuestas, sin embargo, chocan con la postura mantenida hasta ahora por el PP de Madrid quien en 2014 descartó una iniciativa similar presentada por colectivos sociales.

La Cañada merece una “solución diferente”

El más grande y antiguo es el de la Cañada Real Galiana, donde habitan 7.725 ciudadanos en 2.270 construcciones, según el censo que se realizó para legalizar el mayor asentamiento ilegal de Europa.

No obstante, Villacís ha pedido diferenciar entre los asentamientos de la Cañada Real, donde residen personas rumanas que proceden de un mismo pueblo y se podría intervenir “en origen”, según el criterio de Ciudadanos, de otros como el de Fuencarral donde las personas no están tan asentadas.

Para este 2016 el Consistorio de Manuela Carmena ha presupuestado medio millón de euros para costear el desmontaje de estos núcleos, una cantidad ”ajustada, pero suficiente”, reconocen desde el área de Desarrollo Urbano. Sin embargo la oposición reclama una inyección económica porque “con esa cifra no tienen ni para empezar; además, hay que dar una respuesta integral en el área de servicios sociales, salud, seguridad, y rehabilitar y regenerar las zonas urbanas”.