En marzo de 2011, el Ayuntamiento de Madrid hizo balance del plan de erradicación del chabolismo que lanzó Alberto Ruiz – Gallardón (Partido Popular) cuando llegó a la alcaldía en 2003. En los ocho años de vigencia de ese programa, se desmantelaron 1.970 infraviviendas y se realojó a 4.029 personas. Desaparecieron así ocho poblados chabolistas (La Quinta, Mimbreras I, Pitis, Plata y Castañar, Chabolas del Cristo, Trigales, El Salobral y El Cañaveral), a los que siguieron antes acabar ese año otros tres (Las Mimbreras II, Puerta de Hierro y Santa Catalina). También se actuó sobre el chabolismo vertical, rehabilitando colonias de viviendas muy deterioradas (de hecho, la mayoría de realojos, 3.121, se llevaron a cabo dentro de estas actuaciones).

Eso no hizo desaparecer el chabolismo en Madrid. En enero de 2014, la Consejería autonómica de Vivienda (Partido Popular) difundió un registro según el cual quedaban 528 chabolas en la región, contando entre ellos El Ventorro y El Gallinero. Todos estos cálculos están hechos, en cualquier caso, obviando el principal núcleo de infraviviendas de la región, la Cañada Real Galiana, una franja que se extiende a través de 14,3 kilómetros por los términos municipales de Coslada, Madrid y Rivas – Vaciamadrid y que cuenta con 2.466 edificaciones irregulares (desde chales hasta chabolas) y 8.628 habitantes censados. El Gobierno regional y el Ayuntamiento de Madrid tienen iniciativas en marcha para solucionar este problema que dura ya décadas, pero poco se ha conseguido hasta el momento.

Sin embargo, el pleno municipal celebrado esta mañana no trataba sobre poblados chabolistas sino sobre asentamientos más pequeños e informales que se diseminan por toda la ciudad. Es un problema que viene también de antaño, pero el Partido Popular (que gobernó la capital entre 1991 y 2015) atribuye su supuesto auge actual al gobierno municipal de Manuela Carmena (Ahora Madrid), y por ello ha convocado este el pleno extraordinario monográfico.

La concejal Beatriz Elorriaga (PP) ha denunciado que “están brotando asentamientos en todos los distritos”. Se están creando, según la edil, “focos de miseria y pobreza” que “proliferan en solares vacíos, en parques, en plazas, en cualquier recoveco de la ciudad”, lo que en su opinión “ha provocado alarma social entre los vecinos”. “En su mayoría son familias de etnia gitana del este de Europa que malviven en una situación de extrema pobreza. Tenemos constancia de que hay redes de delincuencia organizada desde Rumanía que trafican con ciudadanos del Este a los que tienen trabajando en condiciones de esclavitud, extorsionados. Han caído en un pozo de marginación sin poder de decisión, les amenazan con asesinar a sus familias”, ha explicado. “No son pocos los vecinos que se ven afectados, temen por su seguridad, su salud y la alteración de la convivencia en sus barrios”, ha concluido Elorriaga.

La concejal de Derechos Sociales, Marta Higuera, ha defendido que el Ayuntamiento ya está atendiendo a estas personas, por lo que no son necesarias medidas extraordinarias. Para demostrarlo, el Ayuntamiento difundió ayer datos precisos sobre los 135 asentamientos estables y agrupamientos para pasar la noche diseminados por toda la ciudad. “Conocemos sus nombres, sus enfermedades, sus parentescos, hasta si tienen perro o no”, aseguró Higueras.

 Las cifras varían semana a semana, y de hecho las que enunció Higueras en el pleno no coinciden con el recuento facilitado por el Ayuntamiento (que fue el inicialmente publicado en esta información). Esa imagen fija mostraba que, a 31 de marzo, había 1.346 personas malviviendo de esta manera: 409 en asentamientos estables, y 937 agrupándose sólo para pasar la noche. De ellas, 877 son rumanos de etnia gitana. “Las soluciones no son fáciles. El impacto vecinal es alto, pero nos preocupan sobre todo las personas que viven así, ésa es para mí la verdadera alarma social”, concluyó Higueras.

“Las soluciones no son fáciles. No toleramos el discurso fácil de vincular pobreza con criminalidad. Estaremos vigilantes en estos asentamientos, pero exactamente igual que con el resto de la ciudad. No es un éxito levantar un asentamiento sin dar solución a las personas que viven en él. Y no me convence nada la solución de realojo masivo en altura, no quiero chabolismo en altura. El impacto vecinal de estos asentamientos es alto, pero nos preocupan sobre todo las personas que allí viven, La sociedad debería sentirse alarmada de que haya personas teniendo que vivir así, esa es para mí la verdadera alarma social”, ha concluido Higueras.

La portavoz de Ciudadanos, Begoña Villacís, ha señalado que el problema actual tiene que ver con “una población nómada con cuya vida que no encaja en nuestra ciudad”. “Tenemos que actuar si no queremos que convivan en Madrid el siglo XVIII y el XXI”, ha añadido, Su propuesta pasa por aunar “el desmantelamiento de estos asentamientos, la acción social y de integración, la acción preventiva, la exigencia de control urbanístico a los propietarios de los terrenos, y la acción policial”.

La portavoz socialista, Purificación Causapié, ha abogado por su parte por “una estrategia integral para que cada vez sean menos las personas que malviven” así. “Solo si el Ayuntamiento garantiza una salida se les podrá dar una esperanza. Hay que proporcionar respuesta a las necesidades vitales de esas personas, educación, empleo, sanidad”, ha añadido Causapié. En su opinión, “los asentamientos ilegales no pueden formar parte de los paisajes de nuestra ciudad, por los vecinos y por las personas que viven en ellos.”, pero “no puede ser una actuación represiva o policial sino de atención social”.