Los ciudadanos de otros países de la Unión Europea residentes en Alemania quedarán en el futuro excluidos de las prestaciones sociales, las llamadas ayudas ‘Hartz IV’ para llevar una vida digna, así como de cualquier otra subvención de este tipo, a no ser que cuenten con un empleo que cotice a las cajas de la Seguridad Social o hayan trabajado un mínimo de cinco años en su país de acogida. Un portavoz del Ministerio federal de Trabajo y Asuntos Sociales confirmó ayer las informaciones publicadas por varios medios sobre los planes de la titular de esa cartera, la socialdemócrata Andrea Nahles, de recortar prestaciones sociales a los ciudadanos comunitarios.

El Gobierno de Merkel quiere acabar con el llamado ‘turismo social’ y los abusos en el sistema de ayudas que atribuye a nacionales de otros países de la UE que, en algunos casos, se registran como residentes en Alemania con la sola intención de beneficiarse de su sistema de protección sin haber hecho nunca aportación alguna al mismo. La propia ministra había anunciado a finales del pasado año la elaboración de un proyecto de ley para limitar las prestaciones sociales a ciudadanos de origen comunitario. Al parecer, el documento ya se encuentra redactado y será debatido y previsiblemente aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas.

La iniciativa de Nahles se presenta como reacción a una sentencia dictada el pasado año por el Tribunal Social Federal germano, con sede en la ciudad de Kassel, sobre la prestación de ayudas sociales a ciudadanos de la UE. Los jueces de la alta corte establecieron que los ciudadanos de los 27 países restantes del club de los Veintiocho tienen derecho a percibir las mismas ayudas sociales que el resto de la población del país cuando llevan residiendo un mínimo de seis meses en Alemania. La resolución había desatado las alarmas de los ayuntamientos del país, responsables últimos del pago de esas prestaciones, que temían y temen verse desbordados por el creciente número de solicitantes. La canciller ya anunció tras conocerse el fallo judicial que respaldaba los planes de su ministra.