bLos ciudadanos de otros países de la Unión Europea residentes en Alemania quedarán en el futuro excluidos de las prestaciones sociales, las llamadas ayudas ‘Hartz IV’ para llevar una vida digna, así como de cualquier otra subvención de este tipo, a no ser que cuenten con un empleo que cotice a las cajas de la Seguridad Social o hayan trabajado un mínimo de cinco años en su país de acogida. Un portavoz del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales confirmó ayer las informaciones publicadas por varios medios sobre los planes de la titular de esa cartera, la socialdemócrata Andrea Nahles, de recortar prestaciones sociales a los ciudadanos comunitarios.

El Gobierno de Merkel quiere acabar con el llamado ‘turismo social’ y los abusos en el sistema de ayudas que atribuye a nacionales de otros países de la UE que, en algunos casos, se registran como residentes en Alemania con la sola intención de beneficiarse de su sistema de protección sin haber hecho nunca aportación alguna al mismo. La propia ministra había anunciado a finales del pasado año la elaboración de un proyecto de ley para limitar las prestaciones sociales a ciudadanos de origen comunitario. Al parecer, el documento ya se encuentra redactado y será debatido y previsiblemente aprobado por el Consejo de Ministros en las próximas semanas.

La iniciativa de Nahles se presenta como reacción a una sentencia dictada el pasado año por el Tribunal Social Federal germano, con sede en la ciudad de Kassel, sobre la prestación de ayudas sociales a ciudadanos de la UE. Los jueces de la alta corte establecieron que los ciudadanos de los 27 países restantes del club de los Veintiocho tienen derecho a percibir las mismas ayudas sociales que el resto de la población del país cuando llevan residiendo un mínimo de seis meses en Alemania.

La resolución había desatado las alarmas de los ayuntamientos, responsables últimos del pago de las prestaciones, que temían y temen verse desbordados por el creciente número de solicitantes. La canciller ya anunció tras conocerse el fallo judicial que respaldaba los planes de su ministra.

El proyecto de ley sólo contempla un resquicio de protección para trabajadores polacos, búlgaros o rumanos pero también italianos o españoles sin empleo: la introducción de una ayuda de emergencia que los ciudadanos de la UE sin derecho a percibir prestaciones sociales podrán solicitar una sola vez. Esta fórmula será calculada para cubrir durante un máximo de cuatro semanas las necesidades mínimas de alimentación, cobijo, aseo y atención médica. Los afectados podrán después pedir un préstamo con el que poder pagar el viaje de retorno a sus países de origen.

Sin ‘efecto llamada’

Andrea Nahles calificó el proyecto de ley de «normativa razonable» y, aunque no se ha producido la temida «llegada en masa» de ciudadanos necesitados de otros países europeos, la intención del Gobierno es cerrar definitivamente todo agujero que permita abusos en la actual legislación. La Agencia Federal de Empleo destacó que unos 440.000 ciudadanos extranjeros de la UE perciben actualmente ayudas ‘Hartz IV’ u otro tipo de prestaciones sociales y subrayó que no están todos desempleados, sino que en muchos casos se compensan sus bajos salarios con subvenciones estatales.

El proyecto de ley elaborado por Nahles fue recibido con satisfacción por la Federación Alemana de Municipios y Mancomunidades (DStGB), que temía la perspectiva de afrontar costes suplementario hasta de mil millones de euros anuales para cubrir ese gasto. «La libertad de circulacuión en la UE no significa que sus ciudadanos puedan escoger el sistema social con las prestaciones más amplias. Por eso es bueno que se establezcan claros límites legales», dijo Gerd Landsberg, gerente de la DStGB.

El proyecto fue defendido a finales del año pasado por la canciller Merkel, que a la vez puso especial énfasis en rechazar cualquier comparación con el propósito del Gobierno británico de acabar con cualquier tipo de ayuda a trabajadores comunitarios en los cuatro primeros años. Ahora, al ajuste social que impulsa Andrea Nahles le llegan críticas dentro del país desde las filas de la oposición.

ciudadanos del resto de la UE perciben las ayudas ‘Hartz IV’ u otro tipo de prestaciones sociales. No todos son parados, hay muchos casos de sueldos bajos.