El consejero de Empleo y Políticas Sociales, Angel Toña, ha  explicado
este viernes que la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) de  la
Diputación foral de Gipuzkoa ha sido una “bomba potencial en  algunos
municipios y servicios sociales” donde ha crecido la tasa de 
inmigración registrándose “orígenes atípicos” en localidades de “poca 
experiencia inmigratoria previa” como Ordizia, la comarca del Goierri  y
Azkoitia.

GASTEIZ.  Toña ha realizado estas declaraciones en el pleno de control al  Gobierno vasco que se está celebrando en el Parlamento, en respuesta  a una pregunta formulada por la parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco  sobre la decisión de la Diputación foral de Gipuzkoa de suspender  parcialmente la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) creada por el  anterior gobierno foral de EH Bildu.

El titular de Políticas Sociales ha explicado que se trata de la  decisión adoptada por otra institución sobre sus propias competencias  y cree que el objetivo de la pregunta de EH Bildu es “poner en un  aprieto” al consejero.

Toña ha explicado que el perfil de los beneficiarios de la AGI “no  tiene nada que ver” con el de los perceptores de la RGI y ha puesto  como “ejemplo” que el 90 por ciento son extranjeros con perfiles con  un margen de empleabilidad “limitadísimo” y con una “posible y clara  tendencia a la cronificación”.

El consejero ha explicado que la no transitoriedad de la ayuda ha  generado “distorsiones” en los flujos inmigratorios, y ha asegurado  que Bizkaia y Gipuzkoa, “que casi siempre habían ido a la par en peso  porcentual, en los últimos dos años el territorio  guipuzcoano casi  le saca un punto porcentual en la tasa de inmigración” y  han  motivado “orígenes atípicos” en  localidades de “poca experiencia  inmigratoria previa” como Ordizia, en la comarca del Goierri y  Azkoitia. “En consecuencia – la AGI – – ha sido una bomba potencial en  algunos municipios y servicios sociales”, ha indicado.

Además, ha explicado que esta ayuda nació en un contexto político  que ha rechazado calificar y cree que “no se midieron bien los  resultados” de la ayuda. “Quizá debería haber sido una prestación  transitoria que habría cubierto a todas las personas residentes en  aquel momento, por el cambio normativo, se quedaron sin RGI – al  elevarse en el año 2012 el requisito de empadronamiento de uno a tres  años”, ha sugerido.

DESAPARICIÓN PARCIAL

También ha explicado que la eliminación de la ayuda ha sido  “negociada con los agentes sociales” y cree que la AGI “no garantiza  las vías de inclusión”. No obstante, ha asegurado que no ha  desaparecido de forma total sino que se mantiene para personas y  familias que no pueden acceder a la RGI.

“En casos como los de la protección social no deberíamos promover  gabinetes de ocurrencias. Miremos a la luna y no al dedo.  Fortalezcamos las bases sociales que legitiman las protecciones  sociales hasta donde podemos y con los límites presupuestarios que  tengamos. Esto es la luna”, ha defendido.

La parlamentaria de EH Bildu Eva Blanco, por su parte, ha  asegurado que se ha eliminado la ayuda a 1.600 familias con alrededor  de 700 menores a su cargo y ha acusado al PNV de “cargarse de un  plumazo” la AGI argumentando que no es una “medida equitativa” para  el resto de territorios y que provoca un “efecto llamada”.

“Si quiere equiparar derechos en todos los territorios háganlo por  arriba y no recortando; si quieren equiparar derechos acaben con el  recorte sobre la RGI impuesto en 2012 porque sin ese recorte, la AGI  no hubiera hecho falta”, ha asegurado