Cáritas Gipuzkoa, que ya participó la semana pasada en la protesta en Donostia contra la supresión de la AGI, ha vuelto a levantar la voz para criticar la decisión tomada por la Diputación foral de cerrar en julio el acceso a esta prestación social que desaparecerá de forma paulatina de aquí a diciembre de 2018. En un comunicado, la organización social de la Iglesia se muestra «en desacuerdo con la retirada de ayudas que protegen de la pobreza a muchas personas y familias» y entiende que, aunque la AGI podía necesitar «una revisión de planteamientos, metodologías y personas destinatarias», 1.450 beneficiarios, la mayoría de ellos inmigrantes, no significa que tenga que desaparecer, reprenden.

Cáritas ya se mostró en contra del endurecimiento de los requisitos de la RGI en el periodo de empadronamiento introducidos en 2012 durante el gobierno socialista de Patxi López. Entonces se pasó de pedir seis meses de padrón a tres años, lo que dejó a miles de personas sin acceso a la prestación. «Desde entonces hemos venido solicitando que se vuelva a la situación anterior».

100.000 euros en ayudas tras el seísmo en Ecuador

La respuesta de la Diputación de Gipuzkoa, entonces en manos de Bildu, fue crear una ayuda propia, la AGI, lo que fue bien recibido por Cáritas. «Se trata de una ayuda que refuerza el sistema de protección social y además tiene como destinatarios aquellas personas y familias que se quedan fuera del acceso a la RGI», remarcaron ayer en la nota. Dicho esto, también reconocen que las ayudas deben ir enfocadas «como apoyos hacia la inclusión social». Entienden que debe ser «primordial» que el cobro de las prestaciones esté ligado a un seguimiento y haya una «reciprocidad entre las prestaciones económicas y la participación de los beneficiarios en planes de inclusión», lo que no significa que la ayuda deba ser suprimida, sino revisada para mejorarla, inciden en su crítica ante la decisión foral.