Ni las olas del mar ni los equipos de rescate han podido llevar a tierra los cuerpos de los centenares de personas que siguen desaparecidas desde el sábado en aguas del Mar Mediterráneo tras un nuevo naufragio en las inmediaciones de la costa libia. La Agencia de la ONU para los refugiados (Acnur) asegura que los muertos podrían ascender a los 500, frente a los 400 que notificó el martes el ministro de Exteriores italiano, Paolo Gentiloni. Todos ellos serían de nacionalidad somalí, etíope, egipcia y sudanesa. La información la dieron los 41 supervivientes de la tragedia y un líder de la comunidad somalí en Egipto quien confirmó que entre las víctimas habría alumnos suyos: «Sigo viendo fotos de las personas ahogadas en las redes sociales. Algunos de ellos eran mis estudiantes», aseguró al organismo internacional, que da veracidad a los relatos de los hechos.

Según los testigos, una embarcación de pequeño tamaño partió con unas 100 o 200 personas desde un puerto cercano a Tobruk (Libia) y se adentró en alta mar en dirección a Italia. Una vez alejados de la costa, los traficantes que fletaron la barcaza obligaron a los migrantes a hacer transbordo hacia una embarcación de mayores dimensiones atestado en ese momento de personas. El sobrepeso y el oleaje terminaron volcando el barco, momento en el que se habría desatado el caos entre los migrantes. Algunos de los náufragos lograron volver a nado a la barcaza, en la que el resto del pasaje todavía esperaba su turno para ser trasladado. «Algunos supervivientes contaron que perdieron a todos sus seres queridos en el naufragio», aseguró ayer la portavoz de Acnur para el sur de Europa, Carlotta Sami.

La pequeña barcaza que logró permanecer a flote fue abandonada por los traficantes y permaneció a la deriva «unos tres días», hasta que fue rescatada por un barco mercante que la trasladó hasta Kalamata (Grecia). Allí permanecen los 37 hombres, tres mujeres y el niño que lograron salvar sus vidas. Ninguno de ellos podrá ser devuelto a Libia por no tratarse de un país seguro, así que permanecerán en el país heleno donde se concentran más de 50.000 refugiados. Al menos 20.000 de ellos siguen atrapados en Idomeni, esperando una oportunidad de cruzar la frontera blindada con Macedonia. Otros han decidido desaparecer de la vista de las autoridades para no ser identificado y deportados, como los 346 migrantes de Paquistán y Bangladesh que la policía griega encontró ayer escondidos en Lesbos. Al menos 19 activistas de izquierdas fueron detenidos por ayudarles a instalar el campamento clandestino en la isla.

El tratado entre la UE y Turquía hace caer a la mitad la llegada de refugiados a Grecia
Cuántas veces se le ha exigido a Turquía que cumpla con el plan migratorio pactado con la Unión Europea. El mismo que obliga a reasentar a un refugiado sirio por cada uno de esa nacionalidad que sea devuelto al país otomano. La hoja de ruta va dando resultados en torno al control de la frontera exterior de la UE, a pesar de los amagos de Ankara de paralizar la colaboración. Los flujos migratorios hacia Grecia han caído a menos de la mitad. «Hay grandes avances, un fuerte descenso del número de personas que cruzan de forma irregular el Egeo. Empieza a captarse el mensaje de que no es buena idea recurrir a los traficantes», asegura la Comisión Europea en su último informe de situación.

Con las cifras en la mano, el Gobierno de Tayyip Erdogan está cumpliendo con su parte del trato, obviando, por supuesto, la violación de derechos humanos en el país. Bruselas le sigue pidiendo a estas alturas «nuevos esfuerzos» para que garantice protección a todos los refugiados, no solo sirios. La negativa turca no ha sido óbice para arrancar el plan de expulsiones. Pero, ¿qué hay de sus socios europeos? Ni cumplieron con su obligación de apoyarse mutuamente reubicando refugiados dentro de la Unión, ni están cumpliendo con la promesa de reasentar refugiados desde Turquía. El mecanismo 1:1 no está funcionando de forma equitativa.

Según Bruselas, desde el 4 de abril la UE expulsó a 325 migrantes y solo reasentó a 103. Pero este no es el único motivo que puede esgrimir Ankara para dejar de cooperar con Grecia. Las autoridades turcas exigen el desembolso urgente de fondos procedentes del sobre de 3.000 millones que la UE va abriendo a cuentagotas. Se quejan de la lentitud con la que extienden el cheque. Y lo más peliagudo, Turquía advierte de que, si no hay liberalización de visados para sus ciudadanos antes del mes de junio, el acuerdo se puede dar por muerto. Bruselas está en un brete e insiste en que las autoridades del país vecino tienen dos semanas para cumplir con los 72 criterios necesarios para dar luz verde a la exención de visa.

Y, ¿qué hay de España? El Gobierno sigue en sus trece y se niega a reubicar y acoger refugiados. La cifra de asilados sigue estancada en los 18 desde el año pasado.