Cada refugiado
recibirá en Turquía 85 euros en lugar de los 31 euros (o 100 liras turcas) que percibía hasta ahora, gracias al acuerdo alcanzado con la Unión Europea por valor de 3.000 millones de euros, ha anunciado esta mañana la Administración de Emergencias y Desastres. Según el diario progubernamental Yani Safak, esto supone “un paso imortante para prevenir el tráfico de personas”.

El portal electrónico de Yani Safak afirma que esta medida será discutida con Angela Merkel, con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y con el vicepresidente de la Comisión, Franz Timmermans durante la visita que harán próximamente a la provincia de Gaziantep, fronteriza con Siria.

Human Rights Watch (HRW) denunció ayer que en las primeras deportaciones, de 66 personas, desde la isla griega de Chíos hacia Turquía el pasado 4 de abril se cometieron abusos y se violaron los derechos de las personas, además de resultar un proceso “apresurado” y “caótico”. El mismo día fueron deportadas otras 136 personas desde la cercana isla de Lesbos.

HRW tuvo acceso al centro de detención de Chíos los días 7 y 8 de abril y habló allí con una docena de parientes y amigos de 19 afganos deportados con los que se habían mantenido en contacto mediante mensajes de texto. Esos mismos días, Amnistía Internacional visitó los centros de Chíos y Lesbos y denunció que estaban en condiciones penosas.

Al parecer, las autoridades griegas no informaron a nadie de que iba a ser deportado ni les dijeron adónde, y a algunos de ellos no se les permitió llevarse objetos personales. Según esos testimonios, los 66 que iban a ser deportados fueron llamados por policías que les dijeron que les iban a ser tomados sus datos para ser registrados.

HRW cita el caso e un joven afgano a cuyos tres amigos –todos entre los 20 y los 25 años – llamaron para registrarse. “Se fueron contentos y se encontraron que los policías les estaban esperando… Si hubieran sabido que iban a ser deportados hubieran cogido sus bolsas, sus papeles, su dinero…”

Horas más tarde, los 66 fueron esposados con las manos a la espalda y metidos en un autobús. Amigos y familiares dijeron a HRW que no habían tenido tiempo ni de despedirse. En el caso de los tres afganos mencionados, sus familias afirmaron que no saben dónde se encuentran.

Tanto el Gobierno griego como Frontex –la agencia europea para la protección de fronteras – dijeron que la mayoría de los deportados eran de Pakistán, Bangladesh y Afganistán, y que ninguno de ellos había pedido asilo en Grecia.

Trasladados en ferry a territorio turco, los deportados no sabían dónde se encontraban. En el punto de llegada, Dikili, el acceso a las carpas donde eran registrados fue cerrado tanto a HRW como a la prensa. De nuevo subidos a autobuses, seguían sin conocer su destino.

HRW intentó llamar a cuatro de los deportados de Chíos el 4 de abril. Hasta el día 18, en que la organización redactó su informe, ninguno de ellos había contestado; los móviles parecen apagados. En el caso de que estos fueran confiscados, eso supone una violación de derechos.

Human Rights Watch ha pedido tener acceso al centro de Pehlivankoy, donde se encuentra el grupo de deportados de Grecia, pero le fue denegado, mientras que Acnur está asimismo negociando en este sentido.

Hay que tener en cuenta que Turquía solo aplica la Convención de 1951 sobre los Refugiados a aquellos de origen europeo, y que el acuerdo con la Unión Europea solo beneficia con la posibilidad de ser reasentados en territorio europeo, pidiendo asilo en Turquía, a los ciudadanos sirios. Los no sirios como mucho pueden aspirar a tener protección mientras esperan se trasladados a un tercer país.