Esta semana se cumple un mes de la entrada en vigor del acuerdo entre la Unión Europea y Turquía en materia de migración cuyo fin es acabar con el negocio de las mafias de traficantes de personas y ofrecer a los refugiados una alternativa humanitaria a la de arriesgar sus vidas en el mar. En su primer mes de vigencia, las cifras parecen indicar que el flujo de refugiados a Europa se ha frenado sustancialmente. Sin embargo, muchas voces se han levantado en contra del mencionado acuerdo.

Según el máximo responsable de derechos humanos de la ONU, Zeid Raad al Husein, el acuerdo no respeta plenamente las garantías de protección de los refugiados conforme a las obligaciones internacionales. El hecho de que se rechacen solicitudes de asilo en Grecia con el argumento de que Turquía es un país de asilo seguro ha generado gran preocupación entre las organizaciones pro derechos humanos. Los refugiados sirios no gozan de protección plena en Turquía puesto que el país mantiene una limitación geográfica a la Convención de Ginebra, en virtud de la cual sólo ofrece protección a los refugiados de países europeos. De este modo, los refugiados sirios son reconocidos únicamente como “huéspedes temporales” sin que puedan gozar plenamente de sus derechos. Al mismo tiempo, varias reputadas oenegés han documentado casos de prácticas abusivas contra migrantes y refugiados por parte de las autoridades turcas.

El acuerdo ha puesto contra las cuerdas a su principal artífice, la canciller alemana, Angela Merkel, no sólo porque atenta contra los principios de su generosa política migratoria, sino también por haber puesto en entredicho los valores y principios de la UE, al plegarse a las exigencias del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. La decisión de la canciller alemana de claudicar ante la petición turca de procesar a un famoso presentador de la televisión pública alemana por recitar un poema ofensivo contra el presidente turco pone de manifiesto la creciente influencia de Ankara en Bruselas y el silencio autoimpuesto de la UE frente a la deriva antidemocrática del Gobierno turco.

Erdogan está utilizando la crisis de los refugiados para promover sus objetivos políticos nacionales e internacionales, sobre todo por lo que respecta a Siria. Todo parece apuntar a que habrá elecciones anticipadas antes de finales de año con el propósito de alcanzar la mayoría de dos tercios necesaria para reformar la Constitución e instaurar así un sistema presidencialista, hecho a la medida de Erdogan. La exención de visados para sus ciudadanos, legítima reivindicación del pueblo turco contemplada como parte del acuerdo, supondría una enorme victoria política para Erdogan que podría catapultarle hacia su meta. El primer ministro turco, Ahmet Davutoglu, ha advertido que si la UE no concede dicha exención antes de finales de junio, según lo estipulado en el acuerdo, Turquía no aplicará su parte. Sin embargo, la UE tendrá dificultades para cumplir su promesa dado que varios Estados miembros se oponen firmemente a ello.

Europa no ha sabido estar a la altura de las circunstancias en lo que respecta a la crisis de los refugiados. Un fracaso debido, primordialmente, al egoísmo de los estados miembros y al colapso de la política de asilo común. Europa debe asumir una mayor responsabilidad global en la protección de las personas que escapan del conflicto sirio.

La cooperación con Turquía es necesaria, pero no suficiente. El éxito o fracaso en la implementación del presente acuerdo –a pesar de sus numerosas deficiencias– puede comprometer las futuras relaciones entre Turquía y la UE. Si la Unión Europea aún pretende erigirse en baluarte de la defensa de los derechos humanos y la paz, deberá permitir la apertura de los capítulos 23 y 24 de las negociaciones para la adhesión de este país a la UE, relativos a la justicia y a las libertades fundamentales, claves para el proceso de democratización turco.