Policías nacionales se desplazaron desde Madrid hasta la Costa del Sol para vigilarles. No querían levantar ninguna sospecha, ya que les tocaba quizás una de las tareas más duras para un agente: detener a un compañero. Así acabaron haciéndolo y hoy los dos exagentes arrestados en esta intervención tendrán que sentarse ante los magistrados de la Audiencia Provincial acusados de haber extorsionado a un ciudadano marroquí, algo por lo que la Fiscalía pide que cada uno de ellos sea condenado a tres años de prisión.

En el escrito de acusación del fiscal, al que ha tenido acceso este periódico, se asegura que los dos expolicías, que entonces se encontraban destinados en las comisarías de Estepona y Marbella, puestos de acuerdo con un tercer procesado en esta causa, se citaron con el hombre en una cafetería próxima a la Ciudad de la Justicia. Era junio de 2011 cuando, según el Ministerio Público, le exigieron 260.000 euros «por todas las gestiones supuestamente realizadas por los acusados en cuanto a la eliminación de antecedentes y causas penales al ser agentes de policía», así como la orden de busca y captura que pesaba sobre esta persona. Al parecer, los procesados le obligaron incluso a redactar un documento de garantía de pago de dicha suma y le quitaron su pasaporte. El fiscal señala que llegaron a amenazarle con matar a su familia en Marruecos y a él mismo «con una pistola que pudo ver por debajo de la mesa de la cafetería».

Uno de los exagentes, que es el principal procesado, «aprovechándose de su cargo», procedió a consultar datos relativos a la filiación y a familiares del hombre, que habría llegado a facilitárselos al tercer procesado, así como otros de diferentes personas, según se recoge en el documento del Ministerio Público.

Por ello, el fiscal pide a la Sala que los dos exagentes sean condenados a los tres años de prisión por un supuesto delito de extorsión, solicitando otros tres años más de cárcel para el principal procesado al considerarle autor de revelar secretos.

En cuanto al tercer acusado, desde el Ministerio Público se espera que se le imponga una pena de 30 meses de privación de libertad por el primero de los delitos y otros 18 meses de prisión, más una multa de 2.700 euros, por un presunto delito de falsedad, ya que asegura que en el registro de su domicilio se encontró una carta de identidad francesa falsa.

Preguntado al respecto, el letrado de uno de los exagentes, Alfonso Trujillo, asegura que los expolicías confían en el juicio que llevan más de cuatro años esperando. De hecho, en el escrito de defensa del principal acusado se indica que la «rocambolesca historia» que expone el fiscal se basa «exclusivamente sobre las manifestaciones efectuadas por el denunciante».

En el documento se insiste en que lo declarado por el hombre no es cierto y que solo tenía como objetivo eludir el pago de la deuda que mantenía con el tercero de los procesados en esta causa. Sobre el denunciante, se asegura que había engañado en varias ocasiones a esta persona.

Por su parte, en el escrito de defensa del otro expolicía se insiste en que no ha participado en los hechos denunciados y que no conoce ni al denunciante ni al tercer procesado. Asegura que su única intervención en el caso fue la de acompañar al otro exagente, que es su hermano, hasta las inmediaciones del Palacio de Justicia cuando fue requerido para ello.