Las organizaciones que representan a mujeres inmigrantes, como SOS Racismo, llevan tiempo reclamando que se aumente las inspecciones de Trabajo en las casas y también a las agencias de contratación de empleo en el hogar. El control no es fácil, reconoce Stijn Callens. «La regulación del sector deja muchos flecos sueltos y es difícil de demostrar el número de horas que trabajan, cuáles son de presencia y cuáles de descanso». Además, afirma, para entrar en un hogar se necesita «una orden judicial». «Al final la mujer está sola frente a la otra parte, en situación de inferioridad y desprotegida si se da algún caso de abuso en el trabajo».

La regulación del sector estipula un salario mínimo de 655,20 euros al mes para una jornada completa de 40 horas semanales. La peculiaridad es que luego pueden trabajar otras 20 horas de presencia por semana, que tienen que estar remuneradas o compensadas con descanso. ¿Qué significa presencia? «Es estar a disposición del empleador, con la obligación de permanecer en casa, pero sin tener que trabajar», explica. La noche es el tiempo de descanso. «Pero claro, si hay una urgencia, tiene que atender a la persona».

Que respeten las horas de libranza y descanso y se mejoren las condiciones de sueldo son dos de las reivindicaciones del colectivo. Para SOS Racismo, hay un problema de fondo. «Existe un desprecio generalizado hacia el trabajo doméstico. No se le da el mismo valor que a un trabajo productivo. En mi opinión, el servicio doméstico está diseñado para que sea lo más barato posible para el empleador, a costa del trabajador». La asociación vizcaína que representa a las trabajadoras del hogar (AHT – ELE) también anima a que el resto de la población «no sean cómplices pasivos de esta situación».