Las vidas que viven Ana, Lina o Bernarda no son sus vidas, son las de otros. Están empleadas en el servicio doméstico, en régimen interno, el más duro y la única salida laboral para muchas mujeres inmigrantes . Cuidan a ancianos, algunos de ellos encamados o con Alzheimer. Se encargan además de las labores del hogar: cocinan, limpian, planchan… Con suerte libran dos horas al día y descansan un día a la semana. Sus sueldos, en cambio, no son tan generosos como la lista de tareas. La mitad de las empleadas domésticas inmigrantes (por horas o internas) tienen bajos salarios y perciben la mitad de sueldo de lo que cobran otras mujeres empleadas en servicios sociales formales, según recoge un informe de Emakunde que saca los colores sobre las condiciones laborales de un sector conformado en Euskadi por 30.000 personas, la mitad de ellas mujeres extranjeras, las más vulnerables. Vaya por delante que no todo son malas experiencias, pero un tercio denuncia tener problemas por sus condiciones laborales: no descansan las horas legales, les pagan por debajo de lo contratado, no tienen vacaciones, no cobran las horas extra…

«Eso no es un trabajo, eso es explotación. No somos esclavas». Gina Medina ha perdido el miedo a hablar. Su primer trabajo en España fue en la vendimia, en Valencia hace veinte años. Desde entonces ha recorrido media Península hasta recalar en Gipuzkoa, casi siempre ligada a un contrato de trabajo como empleada doméstica, pero también en el sector hostelero. Lleva ya diez años como cocinera, una profesión que le gusta y de la que no se queja, pero no olvida las penurias que ha pasado antes. «’Si quieres los papeles, esto es lo que hay’. Es una frase que no se me olvida y que seguimos escuchando», dice Gina, que ahora vive en Hernani. «Eso a mí también me lo han dicho. O aceptas o pierdes el trabajo, y si pierdes el trabajo pierdes el permiso de residencia», una rueda perversa que las mantiene «atadas» a su puesto, por precarias que sean las condiciones, resume con crudeza Antonia, una hondureña que se identifica en muchas de las situaciones que van a ir relatando el resto de protagonistas de este reportaje. Como afectadas o por solidaridad con el resto, estas siete mujeres han decidido levantar la voz contra «el abuso» hacia un colectivo que sostiene los cuidados familiares en miles de hogares.

La fuerza de la unión

LAS FRASES

Gina Medina
Ecuador

«’Si quieres los papeles esto es lo que hay’, es una frase que no se me olvida y que seguimos escuchando»

Antonia
Honduras

«Estaba subida a una silla y el señor me puso las manos en el culo. Salí corriendo de allí»

Lina Pérez
República Dominicana

«Aunque nos sentíamos explotadas, no supimos hasta qué grado hasta que pedimos información»

Walvis Medina
Rep. Dominicana

«Yo no me puedo quejar. A mí me dijeron: ‘Quiero que cuides de mi madre como si fuese la tuya’»

Durante mucho tiempo su problema ha sido invisible. Se sentían el eslabón más débil en la cadena de cuidados, lo comentaban entre amigas y compatriotas, pero no habían dado la cara. «Hubo un día en que comenzamos a reunirnos», recuerda Lina Pérez, otra de las valientes. Tocaron a las puertas del grupo de SOS Racismo en Errenteria y entonces se dieron cuenta de que sus historias no eran la excepción. «La unión nos va a dar la fuerza», anima Gina.

Lina cobra 800 euros al mes. Está contratada a través de una empresa. Vive interna en la casa de una persona mayor y trabaja todos los días, incluido el domingo. Entra a las ocho de la tarde y sale a las dos del mediodía. Así todos los días del año, incluidos los festivos. Tiene un mes de vacaciones. «Aunque nos sentíamos explotadas, no supimos hasta qué grado hasta que pedimos información», dice.

Antonia también habla con conocimiento de causa. Acaba de perder su trabajo. Cuidaba de una señora encamada, con demencia, en régimen interno de lunes a sábado y con dos horas libres al día. Cobraba 974 euros al mes, incluidas las pagas, un sueldo que se considera alto comparado con otras retribuciones que son objeto de denuncia. Su problema ha sido otro. «Tuve que cogerme una baja porque tenía que operarme de varices», explica. El despido no tardó en llegar. «Me hicieron firmar mi despido voluntario, me vi obligada». Ahora busca un empleo para seguir adelante.

Tras lo malo, siempre puede haber algo peor. Las internas también se encuentran ante un mayor riesgo de sufrir acoso sexual en su lugar de trabajo. Antonia vuelve a asentir con la cabeza. «Cuidaba a un señor de 85 años en San Sebastián. La señora iba a un centro de día. Un día, cuando estaba subida a una silla para coger algo de lo alto de un armario, el hombre me puso sus manos en el culo. Salí corriendo de casa y llamé a sus hijos. Hasta que uno no llegó a casa no volví a entrar. Viví tres años allí. Me pusieron pestillo en la puerta. Me ponía la mano encima en cuanto me despistaba, cuando estábamos sentados para comer, por ejemplo, y cuando le decían algo se hacía el sordo».

Bernarda Borda, boliviana, se indigna. También se acaba de quedar sin trabajo. Cogerse su mes de vacaciones ha sido el principio del fin. «Tenía pagado el pasaje para visitar a mi familia en mi país y ellos sus empleadores lo sabían. Les había avisado con tiempo, pero nadie nos respeta las vacaciones. Ponen a otra persona para sustituirte y cuando vuelves te echan. A mí me llamaron la víspera para decirme que no me presentara». Bernarda, que es boliviana, trabajaba en su país de mecánico dental. En Gipuzkoa se ha formado como auxiliar de geriatría. Ha trabajado también en el servicio de ayuda domiciliaria, pero principalmente ha estado como interna. «Ahora ya no quiero. Es muy duro vivir encerrada», con la única conexión del móvil. «¡Bendito whatsapp!», exclama entre risas Lina por quitarle un poco de hierro al asunto.

«¡Dichosos papeles!»

La carga psicológica de estar casi las 24 horas del día al cargo de una persona con alguna demencia les pasa factura. «Se te va la vida», resume Andrea Encarnación. Ella se marchó hace años de República Dominicana. Su destino fue Valencia, donde reside la mayoría de su familia. Llegó a Errenteria por trabajo, después de haber pasado también por Santander. Allí cuidó de una señora mayor. «Era muy buena, pero tenía un hijo bipolar que se ponía muy agresivo conmigo. Tuve que aguantar. ¡Dichosos papeles! Cuando encuentras un trabajo en el que te ofrecen un contrato para que te den papeles ves la luz, pero ni te preocupas del resto. Y luego…», se lamenta.

El estudio de Emakunde, realizado por la investigadora Julia Nogueira y el director del SIIS, Joseba Zalakain, revela que la mayoría de las cuidadoras inmigrantes tienen permiso de trabajo permanente, pero la tasa de irregulares (21%) es mayor que en otros sectores. «El deseo de obtener papeles es un fuerte estímulo para aguantar», reconoce Stijn Callens, asesor en SOS Racismo en el sector de trabajo doméstico. El 20% de las consultas que recibe la organización se refieren ya a mujeres inmigrantes empleadas del hogar, una demanda que les ha empujado a canalizar las quejas del colectivo y a defender sus derechos. Ya han organizado la primera concertación, coincidiendo con el día internacional de las trabajadoras del hogar, celebrado a finales de marzo.

Walvis Medina y Lucidania Báez se solidarizan con sus compañeras. «Yo no me puedo quejar», afirma Lucidania. «He cuidado de un hombre de 95 años durante cuatro años. Siempre me respetaron los horarios y las vacaciones. No me siento explotada, pero soy consciente de los problemas que sí padecen otras mujeres ». Walvis también habla maravillas de sus jefas, las hijas de una mujer mayor a la que ha estado cuidando día y noche hasta que se rompió la cadera por una caída y quedó ingresada en una residencia. «Recuerdo que me dijeron: ‘Queremos que cuides de nuestra madre como si fuese la tuya’». Ahora que ya no sigue como interna en esa casa le siguen echando una mano. «Trabajo por horas. Me están ayudando. También hay gente buena», agradece.