Después de cinco años de largas e intensas negociaciones, el Parlamento Europeo dio ayer el visto bueno a una polémica directiva por la que se aprueba la creación de un Registro Europeo de pasajeros aéreos (PNR, en sus siglas en inglés). Una medida impulsada por los Estados Miembros y que después de los atentados de París y Bruselas se convirtió en la prioridad número uno de los ministros de Interior.

La idea es muy sencilla: las aerolíneas estarán obligadas a entregar a las autoridades nacionales los datos de los pasajeros de todos los vuelos llegados a la UE desde terceros países y viceversa. «Se trata de una herramienta importante para luchar contra los terroristas y traficantes. Mediante la recogida, intercambio y análisis de los datos PNR, nuestros servicios de inteligencia pueden detectar patrones de comportamiento sospechoso que merecen seguimiento. La directiva PNR no es una fórmula mágica, pero los países que ya tienen sistemas nacionales de registro de datos han demostrado que es un instrumento muy efectivo», afirmó ayer el eurodiputado responsable de la tramitación parlamentaria del texto, Timothy Kirkhope.

¿Hasta dónde llega la decisión? Las nuevas reglas se aplican a los vuelos extracomunitarios, «pero los países podrán extenderlas a los vuelos intracomunitarios, previa notificación a la Comisión Europea. Las autoridades nacionales también podrán optar por recoger y procesar los datos PNR recopilados por agencias de viajes y touroperadores, dado que también gestionan billetes de avión para sus clientes», explica el Parlamento.

El Registro de Pasajeros es una idea que viene de lejos, pero históricamente el Parlamento Europeo era contrario, o por lo menos muy reacio, por considerar que viola el derecho a la intimidad, a la privacidad e incluso la presunción de inocencia de los pasajeros. Lo consideraban un paso más dentro de la escalada de control por parte de los servicios de seguridad, e impedía su aprobación. Hasta el 13-N. A partir de entonces, y a pesar de que los responsables materiales eran ciudadanos europeos o llegados a Europa por mar y tierra, y no por avión, la presión de los ministros de Interior, de los Gobiernos, ha sido inmensa. Y, finalmente, la Eurocámara ha cedido, con 461 votos a favor, 179 en contra y nueve abstenciones.

Hace unas semanas, en un encuentro extraordinario en Bruselas para dar apoyo al Gobierno belga tras los ataques, el alemán Thomas de Mazière lo dejó muy claro: el derecho a la privacidad es secundario. En realidad, el acuerdo definitivo se logró en diciembre. «Llevamos cinco años hablando del PNR. Todos los ministros de Interior pensamos, unánimemente, que es una herramienta indispensable contra el terrorismo o el tráfico de armas. No podíamos esperar más. Hoy por fin hay fumata blanca», explicó ese día en Bruselas el ministro del Interior español, Jorge Fernández-Díaz.

¿En qué consistirá el PNR? El acuerdo sellado por los ministros en diciembre contempla hasta 20 indicadores que deberán ser incluidos obligatoria y automáticamente en esa base de datos. Por ejemplo, si la compra de un billete se hizo con tarjeta de crédito o en efectivo. Si el pasajero lleva equipaje o vuela sin maleta a un lugar lejano o con una vuelta a largo plazo. Cuál es el itinerario seguido por esa persona, si va sola o acompañada. Qué asiento ocupa en el avión, etc. Cuestiones que, combinadas, pueden mostrar un patrón y hacer saltar una alarma en el sistema. «Datos que integrados por los PNR de todos los Estados y debidamente analizados en esa gran base de datos al final dan como resultado que una persona es susceptible o potencialmente un delincuente que pertenece a una organización criminal puede ser identificado», en palabras del español.

Eso sí, dentro de la normativa se ha incluido una cláusula que era de especial preocupación para los grupos de izquierda de la Eurocámara: «queda explícitamente prohibido el tratamiento de datos personales que revele el origen racial o étnico, las opiniones políticas, las creencias religiosas o filosóficas, la pertenencia a un sindicato, la salud, la vida sexual o la orientación sexual de una persona».

Los recelos de los diputados han podido menos que la presión por la seguridad. Según el comunicado de la Eurocámara, «la directiva deja claro que la transferencia e intercambio de los datos se hará tras un examen ‘caso por caso’» y exclusivamente «para fines de prevención, detección, investigación y enjuiciamiento de los delitos de terrorismo y los delitos graves contemplados» en la norma.

El texto establece que los datos de los pasajeros serán conservados durante cinco años, pero a partir de los primeros seis meses «estarán ‘enmascarados’, es decir, desprovistos de toda aquella información –como nombre, dirección, datos de contacto y de pago– que serviría para identificar directamente a la persona a quien corresponden».

Los países tendrán, a partir de su publicación en el Boletín Oficial de la UE, dos años para hacer los cambios en sus legislaciones, pero parece probable que se haga mucho antes. El Ejecutivo español ya ha señalado su voluntad de hacer las modificaciones necesarias, mediante una enmienda en el Senado al proyecto de ley de Seguridad Ciudadana. Y los recursos tecnológicos podrían estar listos a finales de año.