El deteriorado edificio de oficinas, hoy con ropa tendida en la fachada y hogar de 1.500 sirios, destaca en medio del polígono industrial del barrio de Sosyal Tesis. Una ubicación privilegiada para encontrar trabajo en toda la industria que lo rodea. Aunque sea ilegal para los refugiados en Turquía, todos sus residentes lo han intentado, fábrica por fábrica. Los menos lo han conseguido por 30 liras (9 euros) al día; los menores de edad por 15 (4,5 euros) a la semana, pero no alcanzan a pagar los gastos. Y no todos gozan de salud para hacerlo, como Salma, aquejada de hipertensión. «Mi marido desapareció en Alepo hace seis meses y aquí estoy a la espera de volver a Siria», relata mientras lava en una palangana los calabacines pasados que ha recogido de las sobras de los supermercados.

Salma vive con sus hijos en la planta baja en una habitación sin puertas, como todas las viviendas de los tres pisos del edificio. Consiguen algo de intimidad con una manta. Se accede a casa de Mahmud Al Ahmadi por las escaleras que, a falta de ascensor, suben los ancianos fatigados. Las escaleras separan dos patios, donde retornan los gritos del juego de los niños, y en los corredores más mantas colgadas. Una por cada habitación. Mahmud Al Ahmadi retira la suya y muestra su «casa» que comparte con otras cuatro familias. Nueve menores de 21 personas con las que habita.

Para la intimidad en el habitáculo han ideado otro sistema. Hajar, la hija de Mahmud, lo muestra y saca de la trasera de una pila de colchones una cuerda que extienden de un lado al otro de la habitación desplegando unas sábanas. «Así tenemos cinco habitaciones y ahí señala una hamaca improvisada con una colcha y cables duerme mi hijo pequeño», que nació en Turquía. «Es turco», se ríe. En realidad, no lo dice en serio. Todos «son sirios» porque en el fondo confían en que su estancia en Turquía sea temporal, pero su padre ha comenzado a perder la paciencia: «Si seguimos así, o volvemos a Siria o nos vamos a Europa aunque muramos en el mar».

Uno de los pequeños interrumpe y añade que, además, los consideran «terroristas». Hace unos días caminaba con la batería de un coche entre sus escuálidos brazos y la policía lo paró porque pensaba que era una bomba. No era broma. Grabaron la secuencia en el móvil que muestran jocosos. Son conscientes del estigma que tiene su nacionalidad, aunque coinciden en que no tienen problemas con los obreros turcos del polígono y, en general, se sienten acogidos.

Muna, la más veterana, ya no tiene edad para trabajar, dice. Aspira profundas caladas de un cigarrillo que ha pedido mientras señala a los miembros de su familia incapacitados. La que más le preocupa es la pequeña Sara, que tiene una malformación ósea y falta de movilidad en la pierna derecha. La tarjeta AFAD (de la Autoridad Gestora de Emergencias y Desastres) que da el Gobierno turco solo a los sirios, a falta del reconocimiento del estatus de refugiados, les permite tener acceso a una asistencia médica, pero el día a día es mera supervivencia. Con electricidad, cuando la pagan.

1.500 refugiados, la mayoría de Alepo, que mediante boca oreja encontraron este modesto techo en Gaziantep de 250 liras al mes. 77 euros que no siempre alcanzan a costear entre cinco familias.

Alemania creará 100.000 puestos de trabajo para refugiados
Al Gobierno alemán no le basta con que se haya reducido el flujo de llegadas, tras el cierre de la ruta de los Balcanes y la entrada en vigor del acuerdo con Turquía para las deportaciones forzosas. Tras meses de disputas internas, los socios de la gran coalición anunciaron ayer la primera ley alemana de integración, para lidiar con los 1,1 millones de refugiados que llegaron al país en 2015. «El objetivo es integrar a numerosas personas en el mercado laboral», según el principio «de fomentar y exigir», explicó en rueda de prensa Angela Merkel, que lleva meses en el punto de mira por su política de puertas abiertas.

El borrador, acordado tras más de siete horas de negociaciones, prevé crear 100.000 empleos adicionales para los solicitantes de asilo. Sin embargo, aquellos procedentes de países considerados seguros y aquellos a los que les sea denegado el permiso de residencia no podrán beneficiarse. Asimismo queda anulada tres años la normativa que impide a los inmigrantes acceder a puestos de trabajo en los que el jefe no tiene nacionalidad europea.

La nueva ley, que deberá ser aprobada el próximo 24 de mayo, también establece sanciones, tales como reducir las prestaciones a los refugiados que falten a los cursos obligatorios de integración y de alemán, a los que se trasladen a un lugar de residencia distinto al asignado por las autoridades, que ahora será de manera proporcional por todo el país para evitar los guetos, e incluso revocar el permiso de asilo a los que cometan delitos. «La ley es solidaria, pero también pragmática», declaró el líder socialdemócrata Sigmar Gabriel. «Es importante la integración de la gente que llega, pero también que se les recorten las prestaciones a aquellos que no acepten estas medidas», argumentó el bávaro Horst Seehofer.

Paralelamente, el Ejecutivo alemán estaría impulsando un pacto de la UE con regímenes autoritarios de África, como Somalia, Sudán y Eritrea, para poder devolver a solicitantes de asilo a cambio de ventajas económicas, como por ejemplo, la obtención de visados más fácilmente. Así lo revelaba ayer el magacín político Monitor de la cadena pública ARD, tras haber tenido acceso a información confidencial en la última cumbre europea, pese a que las autoridades de Bruselas no han hecho declaraciones al respecto.

El nuevo paquete de medidas avanza un paso más en el endurecimiento de la ley alemana de asilo, que comenzó a finales de enero, tras las agresiones sexuales y robos a mujeres perpetrados la pasada Nochevieja en Colonia, supuestamente por hombres árabes o norteafricanos. Precisamente ayer un tribunal dictó la primera pena de cárcel para uno de los implicados en el episodio que terminó de alimentar el miedo que hoy siente parte de la sociedad alemana ante la llegada de refugiados.

La Eurocámara pone trabas de nuevo al acuerdo con Ankara
Turquía no ofrece plenas garantías democráticas. No lo dicen las organizaciones humanitarias o Acnur, es la conclusión a la que llegó ayer el Parlamento Europeo tras aprobar un informe sobre el Estado de derecho en el país otomano. El documento pone de nuevo en cuestión el acuerdo firmado entre los 28 líderes de la UE y el país vecino para expulsar a los refugiados de las islas griegas y mantener los flujos migratorios a raya en el Mediterráneo oriental.

El Gobierno de Erdogan no solo no avanza en la hoja de ruta marcada para convertirse en una democracia plena, requisito para adherirse a la UE, sino que la Eurocámara percibe retrocesos en materia de libertad de expresión, independencia judicial y seguridad: «Existe una regresión inquietante», afirma el texto, en el que se exigen reformas que le acerquen al modelo europeo y se traza una línea roja que separa la cooperación migratoria del proceso de adhesión a la UE.

Los eurodiputados también dieron luz verde a una resolución en la que se condena la violencia desatada contra los kurdos en el sureste de Turquía, donde al menos 400.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares.

El rechazo del Gobierno turco a ambos textos no se hizo esperar. El ministro para Asuntos Europeos, Volkan Bazkir, lo declaró «nulo» y advirtió de que devolverán el informe a su representante en Bruselas. En Ankara no han sentado nada bien las críticas y mucho menos la mención explícita al genocidio armenio.