La decisión de la Diputación de suprimir la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI), que actualmente cobran 1.422 perceptores, la mayoría inmigrantes , ha provocado una cascada de reacciones que se canalizarán esta tarde en una protesta en Donostia convocada por varios colectivos sociales, plataformas ciudadanas, sindicatos y partidos políticos. La concentración se celebrará a las 19.00 horas frente al Palacio foral de la plaza Gipuzkoa. Los firmantes de la convocatoria son: Stop Desahucios, Afectados por Lanbide, la coordinadora de plataformas contra la incineradora, la asociación de jubilados y pensionistas Duintasuna, Stee – eilas, Gepe, ELA, LAB, CNT – AIT, CGT – LKN, Komite internazionalista, EH Bildu, Ezker Anitza, Equo, Podemos, EPK – PCE y Antikapitalistak. «Nos parece inadmisible que el Gobierno foral fije los recortes en las ayudas y gasto social suprimiendo la AGI a partir del 1 de julio y no recorte en los presupuestos de las obras faraónicas como incineradora, metro…», denunciaron los convocantes.

A la protesta se han unido CC OO y SOS Racismo. En una nota de prensa, el sindicato señaló que «no cabe eliminar en base a algo tan vago como que la ayuda no cumple su objetivo en lugar de hacer que el objetivo se cumpla y utilizando el argumento del efecto llamada, que es falso». En otro comunicado, SOS Racismo también lamentó «que se recurra a términos como efecto llamada porque, además de ser impropios, generan una fractura social y alientan planteamientos xenófobos». Desde el colectivo criticaron que la Diputación retire la prestación «sin que se dé solución a quienes quedan fuera de la misma».

«Una ayuda política»

Ayer también se pronunció el PSE; socio de gobierno del PNV en la Diputación. En un comunicado, los socialistas apoyaron la decisión del Departamento de Política Social que dirige Maite Peña y se mostraron muy críticos con cómo se creó la AGI. «Fue una ayuda política adoptada por el Gobierno de Bildu que no se sustentó en informes técnicos ni competencias, al contrario de la decisión adoptada por la actual Diputación, y ha generado más desigualdad y exclusión. Tampoco se contó con la opinión de los ayuntamientos y no se les proporcionó ni medidas económicas ni técnicas para que la gestionaran», afirmó Susana García Chueca.

La socialista planteó que se abra un debate en el Parlamento Vasco sobre si el actual sistema de protección social «responde a las necesidades que plantea la ciudadanía». Defendió que las ayudas sociales sean un derecho subjetivo y «no prestaciones basadas en la disponibilidad presupuestaria, que existan solo en un territorio».