El consejo de diputados ha aprobado este martes la reforma de la AGI, la ayuda de garantía de ingresos que cobran en la actualidad 1.422 perceptores, la mayoría inmigrantes . Los caminos supondrán la paulatina desaparición de la ayuda. Se mantiene la cobertura a los actuales perceptores pero no se aceptará más demandas a partir del 1 de julio.

La reforma establece una salvedad: las familias con menores a su cargo podrán acceder al sistema hasta el 31 de diciembre, siempre y cuando estén empadronados en gipuzkoa desde el 31 de diciembre de 2015, es decir, que acrediten un año de Padrón.

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La reforma ha sido presentada la mañana de este martes por la diputada de Política Social, Maite Peña, y el portavoz foral, Imanol Lasa. Peña ha justificado los cambios porque “no se cumplen los objetivos fijados en la ayuda”, que creó el anterior gobierno foral de Bildu y es única en gipuzkoa. “Rompe el equilibrio territorial, ha generado un flujo de migración artificial en nuestro territorio, lo que llamamos efecto llamada, y es una ayuda que no solo no soluciona los problemas de las personas, sino que además genera nuevas necesidades. Es una irresponsabilidad mantenerla en estas condiciones”, ha afirmado la responsable del área.

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En paralelo a los cambios en la AGI, el departamento va a poner en marcha el nuevo plan “elkar-ekin”, con el que se quiere ofrecer una respuesta a las personas en situación de exclusión social pero siempre vinculado al objetivo de la inserción laboral, ha remarcado Peña.

El plan de momento no está cerrado pero calculan que se pondrá en marcha a partir de julio. Entre las medidas que incluirán está la creación de un servicio de valoración para las personas en exclusión y se ampliará el número de plazas en residencias o centros de día para este colectivo. También ofrecerá ayudas económicas, pero vinculadas a un plan de inserción laboral, ha insistido la diputada.

En el punto de mira

Desde que el PNV entró a la Diputación (con un gobierno bipartito con el PSE), la reforma de la ayuda ha estado entre las prioridades del departamento que dirige Maite Peña. “Estamos revisando su eficacia y eficiencia”, ha dicho en más de una ocasión la jeltzale, unas manifestaciones que han hecho sospechar a la oposición de que se podría recortar las ayudas, como han advertido desde EH Bildu.

Los números de la ayuda han estado marcados en rojo en las cuentas del gasto social. Las ayudas se diseñaron con una previsión de 8,3 millones de euros de inversión para 2014, pero ese año ya se superaron esas cifras y supuso un desembolso de 11,3 millones, un 36% más. En 2015 había 1.422 unidades convivenciales percibiendo la AGI, y el número total de beneficiarios era algo más del doble.

El volumen de demanda y de gasto se ha estabilizado, pero no ha hecho que se esfumen el resto de deficiencias que se le han detectado al sistema. Una de los que ha subrayado la Diputación es el “efecto llamada de la población extranjera”, un diagnóstico que se ha realizado tras recoger las valoraciones de técnicos del departamento, trabajadores sociales de los ayuntamientos y organizaciones del tercer sector. El informe, presentado en las Juntas Generales, destaca por ejemplo la relevancia que tienen lagunas nacionalidades en la percepción de la AGI, una fotografía que no coincide con el retrato general de la inmigración en Gipuzkoa. El documento remarca además que la ayuda no está garantizando el objetivo de la inserción social y que, es más, una de las consecuencias es que “atrae necesidades que no existían antes de la implementación” de la ayuda.

El análisis de la prestación no ha pasado por alto que se trata de una ayuda que solo existe en Gipuzkoa, una contradicción con la Ley de Servicios Sociales que establece un sistema homogéneo para todo Euskadi y que los tres territorios deben cumplir para finales de este año.

La reforma tampoco puede desligarse del déficit que arrastra el departamento, y que sus responsables han cifrado en 8,6 millones de euros, un agujero en las cuentas que obliga a tomar decisiones. El dinero que ya no se destine a la AGI se invertirá en financiar otros servicios sociales.