La Guardia Civil detuvo este martes en el marco de la operación Vida a once personas como supuestos integrantes de una organización criminal que extorsionaba y amenazaba a vendedores ambulantes y que operaba en mercadillos de toda la provincia de Pontevedra. La mayoría de los arrestados pertenecen al conocido clan de los Morones, entre los que se encuentra Sinaí Giménez, y se les presume el liderazgo de esta red que pretende el control de los mercados de venta ambulante. Se les atribuyen también los delitos de blanqueo de capitales y fraude a la Seguridad Social. La operación sigue abierta y no se descartan nuevos registros y detenciones. Está dirigida por el juzgado de Instrucción Número 3 de Cangas, que ha decretado el secreto de sumario.

La investigación desarrollada por el equipo de Policía Judicial de la Comandancia de Pontevedra considera que en los mercadillos de la provincia opera una cooperativa que obliga a otros vendedores, especialmente de etnia gitana, a asociarse a la misma bajo coacciones. El Ministerio Fiscal interpuso la querella ante el juzgado tras estudiar la documentación aportada por la Guardia Civil, que culminó con el macro operativo desarrollado este martes y que tuvo como escenario principal la parroquia tomiñesa de Amorín, aunque también conllevó registros paralelos en otros puntos de la provincia como Vigo y Vilagarcía.

Fue una jornada maratoniana de 11 horas que arrancó a las seis en punto de la mañana cuando un centenar de agentes de los distintos grupos de la Guardia Civil, a bordo de una treintena de vehículos, tomaron el barrio de A Rotea. Era noche cerrada y, pese a la espectacularidad del despliegue para el que se contó con el apoyo del helicóptero y de perros del Servicio Cinológico, expertos en detección de drogas, armas, explosivos y dinero, el vecindario ni siquiera abrió las ventanas hasta que ya había amanecido.

El acceso al barrio estuvo restringido por agentes de Tráfico tanto desde la carretera principal, la PO-552 entre Tui y A Guarda como en las calles adyacentes para asegurar la integridad del operativo. Especialistas del GRS (Grupo de Reserva y Seguridad), fueron los encargados de encabezar las entradas en los cuatro domicilios de la familia que se ubican en este barrio de A Rotea.

Los registros se practicaron con «tranquilidad» según confirmó sobre el terreno la Guardia Civil y solo uno de los arrestados protagonizó un momento de tensión al ser trasladado al furgón celular en el que iba a ser desplazado al cuartel, profiriendo gritos. Los vecinos de la zona tuvieron que cambiar de itinerarios pero no se registró incidente alguno.

Gesto de victoria
Entre los arrestados está Sinaí Giménez, presidente de la Sociedad Gitana de Galicia, que salió de la vivienda esposado, pasadas las diez y media de la mañana pero haciendo un gesto de victoria con sus manos. Poco antes habían sido arrestados y ya permanecían en los furgones policiales, sus hermanos Saúl y Juan Pablo así como otro joven de 18 años que estaba también en el domicilio. La Guardia Civil arrestó además al patriarca de los Morones, Olegario Giménez, de 69 años de edad y que tuvo que se trasladado a un centro hospitalario, así como a su mujer y a una de sus nueras, la esposa de Sinaí Giménez. El operativo congregó también a más de una decena de medios de comunicación en la parroquia. Rondaban las once de la mañana cuando los agentes comenzaron a sacar cajas de los domicilios que fueron almacenando dentro de un vehículo, de marca Hummer, que también fue incautado con otros coches. Entre los efectos intervenidos en Tomiño figura también una pequeña caja fuerte que los agentes sacaron de uno de los domicilios. La Policía Nacional asumió el registro que, de forma paralela, se practicó en una céntrica gestoría de la ciudad de Vigo, con el apoyo del Equipo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil de Pontevedra. De allí se llevaron documentación en cajas.

El juzgado de Cangas lleva el caso tras una reyerta y mantiene el secreto sumarial
Pocos datos han trascendido de la operación sobre la que pesa el secreto de sumario y que se ha desarrollado en el marco del órgano conjunto presentado en octubre por la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para que Guardia Civil y Policía Nacional velen por la seguridad en los mercadillos tras incrementarse la tensión en el conflicto que mantienen los clanes de gitanos de los Morones y los Zamoranos, que llegó a desatar un éxodo masivo de estos últimos en noviembre del 2014 tras el supuesto destierro de cuatro pastores evangélicos.

Los momentos más críticos que aceleraron la firma de ese acuerdo de trabajo conjunto con la Fiscalía para asegurar los mercados se produjeron días antes de la presentación de este órgano de colaboración con una reyerta en el mercadillo de Cangas que se saldó con seis heridos y una emboscada en una carretera de acceso a Vigo en el que un vendedor ambulante resultó herido al ser alcanzado por una bala cuando regresaba en su vehículo del mercadillo de Coia. El tiroteo se produjo a última hora de la mañana del día 21 de octubre en la carretera de circunvalación de Vigo, la VG-20, a su paso por Valladares. La Policía Nacional de la comisaría de Vigo había organizado ese día un dispositivo para evitar que se repitieran los altercados del viernes anterior en Cangas.

Reacciones
Ningún vecino de las viviendas más próximas salió de su domicilio mientras se efectuaban los registros en las casas de la familia de los Morones. Casi todos permanecían con las persianas bajadas aún cuando ya amanecía y el ruido del helicóptero hacía difícil conciliar el sueño. Solo una vecina rompió el silencio. Se trata de Herminia, una mujer que intervino en un programa de televisión de un canal privado sobre la familia de los Morones y que asegura ser perseguida desde entonces. «En la televisión dije que no quería decir nada sobre ellos, pero como me vieron, cada vez que pasan por mí me insultan», afirmó ayer esta mujer. «Ellos quieren ser los jefes de todo, la convivencia es mala porque son muy conflictivos», añadió. Los arrestados fueron trasladados a los cuarteles de Vigo y Pontevedra, donde pernoctaron, pendientes de pasar a disposición judicial cuando el titular del Número 6 de Cangas así lo determine, lo que podría suceder el jueves. Los efectos intervenidos también se entregarán.