El Parlamento Europeo aprobó hoy un informe que aboga por revisar el sistema actual de demandas de asilo para evitar que las dificultades se concentren en unos pocos países y apuesta, en su lugar, por una gestión centralizada de las demandas.

“Cada solicitante de asilo sería considerado como alguien que busca asilo en toda la Unión y no en un Estado miembro individual”, indica el texto, que recibió el apoyo de 459 eurodiputados, mientras que 206 votaron en contra y 52 se abstuvieron.

El informe tuvo como ponentes a la diputada maltesa del Partido Popular Europeo (PPE) Roberta Metsola y a la socialista italiana Kashetu Kyenge, y fue, en gran medida, resultado de un trabajo de consenso entre sus dos grupos parlamentarios, los dos principales de la Eurocámara.

Las dos ponentes defendieron el articulado, en el que se critica el funcionamiento del conocido como el reglamento de Dublín sobre la gestión de las demandas de asilo, y en particular el principio de que el país al que primero llega el refugiado es el que debe examinar su solicitud.

De hecho, la Comisión Europea está considerando la revisión de ese reglamento y se ha comprometido a presentar una propuesta legislativa antes del verano.

La Eurocámara se pronunció a favor de medidas urgentes de reparto de refugiados y pidió a los Estados “que cumplan sus obligaciones” al respecto “tan pronto como sea posible”.

En esa línea, subrayó que la UE debe adoptar “un enfoque vinculante y obligatorio para con los reasentamientos” para “un número significativo de refugiados, en relación con el número total” de los que solicitan ese estatuto a la UE y teniendo en cuenta las necesidades globales que publica anualmente la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR).

Los eurodiputados pidieron nuevos acuerdos de readmisión negociados por la UE, en detrimento de los bilaterales entre Estados miembros y países terceros, y pusieron el acento en que las expulsiones de los que han entrado de forma clandestina sólo deben efectuarse si el país de retorno es seguro.

Otra parte relevante del informe se centra las medidas europeas que tiene que haber para acudir en ayuda de los inmigrantes, y sobre todo que “la prioridad principal debe ser el salvamento de vidas”, que requiere “una financiación adecuada” de las operaciones de búsqueda y salvamento.

En nombre del PPE, Elissavet Vozemberg-Vrionidi estimó que “el informe es muy equilibrado”, “no es cortoplacista”, sino que propone “una solución a largo plazo”.

El socialista español Juan Fernando López Aguilar defendió el texto y se mostró tajante en la necesidad de establecer un mecanismo permanente que garantice la solidaridad de los Estados miembros en la gestión de las demandas de asilo y refugio.

“Cuando hablamos de un mecanismo vinculante y permanente de solidaridad estamos hablando de accesos legales y seguros y, por tanto, de vías humanitarias, que son imprescindibles para que haya una llegada legal para entrar en la UE”, declaró López Aguilar.

Durante el debate hubo numerosas voces que rechazaron el texto tanto desde las filas más conservadoras como desde grupos de izquierda, y una de las más virulentas fue la diputada de Izquierda Unida Marina Albiol, quien dijo que “es un informe que apoya la política criminal de la UE”.

A juicio de Albiol, “avala el acuerdo de la vergüenza con Turquía”, “continúa apostando por la Europa fortaleza” y da la impresión de que se hubiera concebido “en el despacho de Marine Le Pen”, la líder de la extrema derecha francesa.

Precisamente, desde esa parte del arco parlamentario, el británico Gerard Batten se quejó de que con sus políticas la Unión Europea tiene “una oleada masiva de inmigrantes que se agolpan en sus fronteras”.

Una buena razón, según su análisis, para pedir a los británicos el voto para que el Reino Unido salga de la UE si quieren que su Gobierno tenga algún control sobre la inmigración.