Veinte personas han sido imputadas catorce por un fraude a la Seguridad Social y seis como falsos empleadores, en una estafa que consistía en que ciudadanos búlgaros falsificaban sus contratos de trabajo en España para obtener la tarjeta sanitaria y así poder acceder al sistema nacional de salud. El objetivo de estos varones jóvenes era conseguir un trasplante de riñón. Seis lo obtuvieron y otros ocho estaban en lista de espera. Precisamente, ha sido el control que ejerce la Organización Nacional de Trasplantes sobre cada uno de los casos lo que ha detectado este fraude, que se ha investigado a través de la operación Renibus (riñón en latín), de la Guardia Civil.

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Las sospechas comenzaron el año pasado, cuando la oficina de coordinación de trasplantes de la comunidad de Madrid detectó un número elevado de jóvenes búlgaros a la espera de un riñón, y descubrió que alguno de los empleos que se suponen ejercían estos hombres, como jardinero o albañil, eran incompatibles con cuatro horas diarias de hemodiálisis. Según destacó ayer Rafael Matesanz, director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) en una rueda de prensa junto a la Guardia Civil, «el problema es el efecto llamada, alentado por la propia prensa búlgara, y la posibilidad de que esta práctica se extienda a otros países»; otro aspecto importante es que al tratarse de personas jóvenes, de entre 30 y 40 años, repercute más en los otros pacientes de su misma edad, porque se necesita un órgano de pocos años y son los más difíciles de conseguir. Lo que sí quiso recalcar Matesanz es que estas personas sí necesitaban un trasplante, no hubo fraude en el sistema de asignación, lo que ocurre es que no tenían derecho a obtenerlo en los hospitales españoles porque su residencia era fraudulenta. De hecho, recalcó que ««hay otros ciudadanos búlgaros trasplantados en España de forma absolutamente legal».

El coste que este fraude ha supuesto a la Seguridad Social es de 1,5 millones de euros, ya que cada trasplante de riñón cuesta unos 50.000 euros, lo mismo que un año de diálisis. Por eso, los imputados se enfrentan a entre seis meses y seis años de cárcel, según lo que determine el juzgado de Madrid que lleva el caso; también podrán recibir una multa y tener que pagar las prestaciones ilegalmente obtenidas.

Turismo, no red
La Guardia Civil insiste en que se trata de un caso del llamado turismo sanitario, no de una red criminal como tal. Sí reconocieron los mandos policiales que los enfermos pagaron dinero a sus supuestos empleadores por los contratos en esas empresas fantasma, pero se trataba de pequeñas cantidades, de 100 o 200 euros. Claro que según la Guardia Civil, era cuestión de tiempo que se crease una red.

Con todo, el ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, abogaba ayer por la cooperación con otros países de Europa para lograr que puedan llegar a ellos las prestaciones sanitarias de las que disfruta España como forma de luchar contra el fraude.

En España hay unas 25.000 personas que se someten a diálisis con diferente frecuencia y más de 4.300 están en lista de espera para obtener un riñón. La Seguridad Social realiza unos 3.000 trasplantes renales cada año, frente a los menos de 100 que se hacen en Bulgaria. En España, el 8 % de donantes y trasplantados son extranjeros, en igual porcentaje que su presencia en la sociedad.

No hay casos en Galicia, con apenas extranjeros
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En Galicia no hay casos de extranjeros que de forma irregular hayan disfrutado de un trasplante, ya que el coordinador autonómico de la ONT, Jacinto Sánchez, recuerda que «llevamos al día, desde hace muchos años, cada uno de los casos de pacientes que reciben un órgano en Galicia». A veces sí se beneficia algún inmigrante pero «tiene pasaporte español», es decir, es un retornado o su familia.

Además, desde que la coordinadora de Madrid detectó el fraude y la Guardia Civil se puso a investigar, en Galicia se volvieron a revisar los casos, sin haber detectado ninguna anomalía. Sánchez recalca que «el de la ONT es un mecanismo que funciona» y por eso se detectó en pocos meses el fraude en Madrid, donde hay una mayor presencia de extranjeros, al igual que en el sur.

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Ante la pregunta, a los coordinadores de trasplantes, si les ha sorprendido la noticia de este fraude, a Antón Fernández, el responsable del programa en el Chuac, lo que no le pareció raro es que se detectase: «Nosotros tenemos un sistema de trasplantes muy acogedor, pero riguroso. No me sorprende en absoluto que se haya detectado y tampoco es increíble que haya abusos, porque estamos en Schengen y, no sé, un alemán puede venir aquí y acceder a la sanidad. Es el turismo sanitario y no solo para trasplantes».

En el caso de la donación de órganos, parece que solo en el de riñón se puede dar este tipo de turismo sanitario, porque se trata de un proceso muy largo, mientras que en otro tipo de trasplantes las operaciones se realizan «de una forma más rápida».