Se hacía pasar por agente del Cuerpo Nacional de Policía para ganarse la confianza de ciudadanos extracomunitarios que buscaban cualquier treta para conseguir la residencia legal en España. Pero los verdaderos agentes de la comisaría de Cartagena lograron desenmascararlo y detenerlo junto a otras tres personas, de nacionalidad marroquí, acusadas todas ellas de concertar bodas de conveniencia con ciudadanos españoles para burlar los trámites legales. La Brigada de Extranjería y Fronteras de la Comisaría cartagenera anunció ayer el final de una investigación de tres meses relacionada con la tramitación de matrimonios fraudulentos en el Registro Civil de Cartagena.

Las pesquisas se iniciaron con informaciones obtenidas en esas dependencias judiciales, donde se detectó un importante incremento de matrimonios entre ciudadanos españoles o comunitarios y otros de terceros países, principalmente de Marruecos.

La revisión de los expedientes de los matrimonios de esa naturaleza celebrados durante los últimos meses llevó a la Policía Nacional hasta una organización delictiva. Uno de sus miembros se hacía pasar por funcionario del Cuerpo Nacional de Policía, haciendo ostentación de elementos identificativos de tal condición, como una placa emblema simulada con la que se ganaba la confianza de las víctimas y hacer que éstas accediesen a la concertación de los matrimonios, según informó ayer la Policía en un comunicado.

Autorizados a trabajar

Con la celebración de los enlaces matrimoniales, extranjeros de países no comunitarios accedían automáticamente al permiso de residencia como familiares de ciudadanos de la Unión Europea. Dichas autorizaciones les permitirían obtener tarjetas de residencia de validez permanente y renovable cada cinco años. También les habría una puerta legal para poder trabajar. Así eludían otros requisitos más estrictos para lograr los permisos.

Las autorizaciones de residencia proporcionan a los falsos contrayentes todos los derechos de los que gozan los ciudadanos comunitarios en España, muy similares a los de los propios españoles.

En esta investigación la Policía ha acreditado que los ciudadanos extranjeros pagaban cantidades comprendidas entre 3.000 y 6.000 euros a los organizadores de las bodas. Una parte del dinero iba destinada a los ciudadanos comunitarios que accedían a contraer matrimonio y simular posteriormente el mismo.

Tras las bodas fraudulentas, los beneficiarios acudían a la Oficina de Extranjería para obtener inmediatamente la documentación que les garantizaba la residencia, el derecho al trabajo y la posibilidad de viajar a otros países comunitarios.

Los hechos fueron puestos en conocimiento del Registro Civil y de la Fiscalía para que revoque los matrimonios falsos, así como de la Oficina de Extranjería para la extinción de todos los permisos.