Tras tres días de incertidumbre, el motor de las expulsiones de refugiados e inmigrantes desde Grecia hacia Turquía ha vuelto a ponerse en marcha. Aunque, una vez más, a escasa velocidad. Ayer solo 124 personas llegaron a Turquía como parte del acuerdo entre Ankara y Bruselas para la devolución de refugiados.

A primera hora de la mañana salieron desde la isla helena de Lesbos dos ferris alquilados por Frontex, la agencia europea para el control de las fronteras. En su interior marchaban inmigrantes procedentes de centros de detención de las islas de Samos, Quíos y la propia Lesbos. En su mayoría eran paquistaníes, aunque también había indios, marroquíes, palestinos y una mujer iraquí. Ayer, ningún sirio fue devuelto a Turquía.

El destino de todos ellos es un centro de deportación en el norte de Turquía. Los sirios serán trasladados a un campamento de Osmaniye, en el sur del país, junto a la frontera con su país. Las autoridades turcas, a su vez, tienen la intención de enviar a sus países de origen a todos los inmigrantes no sirios. El procedimiento será especialmente rápido en el caso de los paquistaníes. Ayer mismo el parlamento turco aprobó un acuerdo que permite a Ankara su repatriación express. Además de los ya presentes en Grecia, existen otros muchos paquistaníes en Turquía que todavía tratan de cruzar el Egeo. A principios de semana, por ejemplo, la guardia costera turca interceptaba una lancha con 50 de ellos.

La mañana de devoluciones de ayer transcurrió con el mismo procedimiento opaco que ya se puso en práctica el pasado lunes, cuando las primeras 202 personas fueron enviadas a la pequeña localidad turca de Dikili. Con la prensa lejos y unas lonas dificultando la visión de las cámaras, las personas desembarcaron de una en una, escoltadas por agentes de seguridad. En el mismo puerto fueron registradas, sometidas a un rápido reconocimiento médico y subidas a los autobuses que esperaban dentro de las instalaciones portuarias. De allí fueron trasladadas a un centro de deportación en la población de Kirklareli, cerca de la frontera con Bulgaria.

El pacto que firmaron Turquía y la Unión Europea establece que todas las personas que hayan entrado ilegalmente en Grecia a partir del pasado 20 de marzo serán devueltas a suelo turco.

«Nadie indicó a nuestros escoltas que querían solicitar protección internacional», aseguró ayer Ewa Moncure, portavoz de Frontex, sobre las personas expulsadas. Esta es una de las cuestiones más sensibles del proceso de devolución iniciado por la UE. Según la legislación europea, si una persona ha solicitado asilo político en un país, no puede ser expulsada hasta que esta sea tramitada de forma individual. Ante el temor de ser enviadas a Turquía, muchos de los más de 50.000 refugiados e inmigrantes que se encuentran en estos momentos en Grecia han rellenado en los últimos días los formularios para solicitar asilo.

«Sabíamos que habría un retraso, un periodo intermedio, antes de que el programa despegara, de al menos dos semanas para poder revisar la primera tanda de solicitudes [de asilo]», señalaba recientemente Nikos Xydakis, encargado de Asuntos Europeos en el Ministerio de Exteriores griego. Grecia espera el envío por parte de Bruselas de más traductores, intérpretes y expertos en tramitaciones de asilo para poder procesar correctamente todas las solicitudes en el menor tiempo posible.

La demora en las devoluciones era patente en la localidad turca de Çesme. Este es otro de los lugares a los que, teóricamente, comenzarán a llegar las personas expulsadas de Grecia. En su puerto se han levantado una serie de tiendas, similares a las que existen en Dikili, para registrar a los refugiados e inmigrantes. El miércoles el lugar permanecía vacío y solo dos operarios hacían guardia. Uno tumbado en una de las tiendas vacías toqueteaba su teléfono móvil. El otro se encogía de hombros y decía que sí, que allí también van a llegar, pero que nadie sabía todavía cuándo.