LA precariedad laboral se define como la situación que viven las personas trabajadoras que sufren procesos que conllevan inseguridad, incertidumbre y falta de garantía en las condiciones de trabajo. Se manifiesta, sobre todo tras la crisis, en la proliferación de los contratos temporales y de tiempo parcial. Así, de los 132.018 contratos de cara a la Seguridad Social, formalizados en febrero en Euskadi, 121.579 (92%) fueron temporales. Hay que añadir que la duración media de los contratos va disminuyendo de forma notable. En Gipuzkoa apenas supera el mes. Esto implica que la calidad de la contratación del pasado mes haya sido la quinta más precaria del Estado. También se manifiesta en las malas condiciones laborales, que deterioran no solo la seguridad y la salud de los propios trabajadores, sino también de sus entornos empresariales, familiares y vecinales. Y en la moderación y tendencia a la baja relativa de salarios de las políticas de ajuste frente a la crisis.

No pretendemos dar un juicio valorativo, desde la pura racionalidad económica, de tales reformas, que no tienen visos de parar. Tampoco juzgar el grado de eficacia y bondad de los planes formativos. Solo alertar de que la brecha entre los que tienen empleo bueno y seguro (los directivos de muchas empresas siguen incrementando sueldos y privilegios) y los que solo lo tienen en condiciones precarias va haciéndose más aguda. Ello conlleva el deterioro de las relaciones socio – laborales y de la propia convivencia socio – política.

La precariedad laboral como conjunto de eventualidad, economía sumergida, insuficiente formación humana y profesional y, en definitiva, tendencia a la pobreza, marginación y desigualdad, afecta a colectivos cada vez más numerosos, de los que podemos destacar dos: el de los jóvenes y el de las mujeres, sobre todo inmigrantes.

Si nos fijamos, desde la perspectiva de género, el dato es evidente: 7 de cada 10 contratos temporales son firmados por mujeres. Si lo hacemos por edad, vemos que la tasa de precariedad es altísima entre los chicos y chicas de 20 – 24 años (95%), y bien alta (68%) entre los que tienen entre 25 – 30 años. Si añadimos que los salarios de los jóvenes menores de 25 años, tienen una media de 13.000 euros brutos al año, nos podemos preguntar: ¿Qué proyecto de vida personal y familiar, más o menos estable, pueden hacer? ¿No los estamos condenando a bloquear su posible futuro como sujetos activos de una sociedad que ha de ser de todos y para todos? ¿Qué cabe hacer ante semejante precariedad laboral?

Ante todo, un buen diagnóstico que distinga entre causas y consecuencias estrictamente formales relacionadas con la contratación y el tipo de jornada (a menos horas de trabajo, menos salario; a más fraude, menos justicia), y causas y consecuencias relacionadas con el modelo productivo (producir bienes y servicios de poco valor añadido genera poca riqueza y salarios bajos). Se trata de unificar criterios de cara a un posible y eficaz tratamiento.

Establecer cauces de mejora en la formación profesional, que ha de ser permanente. Tal formación profesional no puede estar al margen de una educación integral de la persona. A este respecto, hay un importante contingente de jóvenes que, disponiendo, antes de la crisis, de empleo sin mayor cualificación, y de dinero fácil, se ha ido perdiendo en un consumismo alienante. La sociedad en su conjunto y las empresas no pueden olvidar la responsabilidad de promocionar no solo trabajadores aptos, sino también personas humanas.

Y mejorar, como exigencia de la justicia social, las medidas de garantía de renta suficiente para todas las personas. Entendemos que para ello existen diversos caminos que hay que saber elegir.

También promover la transformación del modelo productivo para basarlo en factores de calidad y valor añadido, así como el establecimiento de políticas económicas y sociales que garanticen una adecuada y justa distribución de la riqueza.