EL merecidamente criticado acuerdo Unión Europea – Turquía sobre devolución de refugiados se basa en la asunción de que es este un país seguro, cuestión que si bien ha quedado en un segundo plano hasta la reciente denuncia de Amnistía Internacional, resulta de trascendental importancia. Porque Turquía no es un Estado seguro; ni para las personas refugiadas, ni para sus propios ciudadanos: los sucesos de los últimos meses así lo demuestran.

El 28 de febrero de 2015 el AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi, Partido de la Justicia y el Desarrollo) de Recep Tayyip Erdoğan y el HDP (Halkların Demokratik Partisi, Partido Democrático de los Pueblos) kurdo firmaron la Declaración de Dolmabahçe, estableciendo una hoja de ruta para el proceso de negociación que debería culminar con tres décadas de guerra sangrienta entre Turquía y las fuerzas kurdas. A pesar de ello, el presidente Erdogan rechazó de plano el acuerdo firmado por su partido, dando por finalizado el alto el fuego de casi tres años. Tras haber perdido la mayoría en las elecciones de junio, forzó nuevas elecciones el 1º de noviembre, con el objetivo de lograr que el HDP, mayoritariamente apoyado por los kurdos, no superara el 10% de umbral electoral, como había hecho en junio. La precampaña se caracterizó por más de 300 ataques organizados a las sedes y miembros del HDP y el ataque a la población kurda del oeste de Turquía con el beneplácito del gobierno turco. El objetivo era claro: amenazar a la población turca en el oeste del país con el riesgo de la inestabilidad económica, y a la población kurda en el este con más muertes y violencia en Kurdistán.

Desde entonces, decenas de ciudades y zonas de Kurdistán han estado bajo estado de sitio, lo que permite la inmunidad judicial de las actividades ilegales de la policía y el ejército. Así es cómo, día a día, las violaciones de derechos humanos se han venido multiplicando: detenciones y arrestos arbitrarios de kurdos y opositores democráticos; violación del derecho a la vida: las acciones de guerra emprendidas por el ejército turco han ocasionado la muerte de centenas de civiles; violencia selectiva contra las mujeres kurdas, asesinadas a tiros por las fuerzas turcas, siendo los casos más significativos los de las políticas y activistas feministas Seve Demir, Pakize Nayir y Fatma Uyar a principios de 2016; violación del derecho a la libre expresión y a la manifestación, traducido en la persecución y detención de periodistas y usuarios de redes sociales, y en la intervención y/o cierre de medios de comunicación, así como en la represión con fuego real de protestas civiles pacíficas; violación del derecho a la educación, como consecuencia de la ocupación por parte del ejército turco de las escuelas y su utilización como cuarteles y la expulsión de profesores provenientes del oeste del país; violación del derecho a la vivienda y a la libertad de movimiento, como resultado de la total destrucción de casas debido al uso de armamento pesado por parte del Ejército turco y el consiguiente desplazamiento forzoso de miles de kurdos.

El gobierno turco ve con gran preocupación los efectos que la experiencia de los municipios autoorganizados del Kurdistan sirio (Rojava) pueda tener a su lado de la frontera, en tanto que supone una puesta en práctica del confederalismo basado en los principios de la democracia, la ecología y la liberación de género reivindicado por el movimiento kurdo. En este sentido, pretende valerse de la situación coyuntural de la guerra en Siria para intentar acabar con la cuestión kurda. Por un lado, al ocupar militarmente en particular las poblaciones de Kurdistán limítrofes con Siria y atacar a la población civil consigue que, al huir, se cree un vacío a modo de cordón sanitario en la zona fronteriza con los pueblos autogobernados y federados de Rojava. Al mismo tiempo, busca sembrar el pánico y disminuir el apoyo de la población a los planteamientos de autonomía y autogobierno defendidos por el HDP. Por otra parte, como se está evidenciando en el distrito sur de Diyarbakir – Amed, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y ocupado, en gran parte destruido y confiscado, por el Estado ante la pasividad internacional, las autoridades turcas buscan borrar físicamente las huellas de la larga y rica historia del pueblo kurdo, alienándolo cultural y espiritualmente.

Y a todo esto se suma el drama de los refugiados que vienen huyendo de Siria y que o bien son abandonados a su suerte por el gobierno turco, o bien son instrumentalizados – en particular en el caso de aquellos de origen árabe – para que, reasentándolos selectivamente en zonas con mayoría kurda, e incluso estimulando económicamente los matrimonios mixtos, contribuyan a diluir al pueblo kurdo.

Todo esto muestra cómo, a pesar de alejarse cada vez más de los principios de Copenhague, Turquía gana peso estratégico como aliado de esa UE que es incapaz, política y éticamente, de dar una respuesta a la crisis de los refugiados de la guerra en Siria. Y es que, a nivel geoestratégico, Turquía ha sido pieza clave para la OTAN desde sus inicios y, dada la actual situación de inestabilidad exacerbada en Medio Oriente, ese papel solo puede verse acrecentado.

Así pues, al gobierno de Erdogan el acuerdo UE – Turquía le sale redondo: ingentes cantidades de dinero, refugiados que podrá emplear para sus propios fines internos o según le plazca, liberalización de la obligación de visados europeos, silencio cómplice de la UE sobre la ocupación y guerra en Kurdistán y reforzamiento de su posición de aliado de Estados Unidos en la zona. Y lo que es aún más preocupante: se sitúa en una posición de fuerza que puede dificultar la búsqueda de una salida a la guerra en Siria. Porque la guerra en Siria es parte de un rompecabezas regional que se viene arrastrando y complicando desde la colonización europea y en cuyo centro está el pueblo kurdo.

Kurdistán y la reivindicación de un sistema de autonomía democrática que pueda dar salida a la crisis de Medio Oriente están siendo sacrificados en el altar de la miopía e hipocresía estatista occidental en materia político – estratégica. Lo que hoy se da por seguro no es tal y no permitirá una solución de seguridad estable a medio y largo plazo. Conviene tenerlo en cuenta.