Las deportaciones de refugiados de Grecia a suelo turco, que habían comenzado el lunes pasado con unas 200 personas, no han tenido la continuidad prevista. Atenas se queja de falta de efectivos para procesar solicitudes de asilo, lo que hace temer la ralentización de las devoluciones. La agencia europea de seguridad fronteriza Frontex anunció ayer que hasta mañana no se deportará a 200 más.

Doscientos refugiados, la mayoría paquistaníes, llegaron al puerto turco de Dikili el lunes pasado. Las autoridades europeas aseguraron que los integrantes de ese grupo no habían demandado asilo en Grecia. Vincent Cochetel, director en Europa de ACNUR, declaró ayer que 13 afganos y un grupo de congoleses de aquel contingente no habían podido pedir asilo «por error». «Durante cuatro días tras el 20 de marzo –día a partir del cual todos los llegados irregularmente a Grecia, incluidos los sirios, deben ser deportados–, la policía griega no anotó ninguna intención de pedir asilo, ya que no estaban preparados o equipados para ello. Por eso empezamos a repartir formularios a quienes manifestaron su intención de pedirlo», dijo Cochetel al medio The Guardian.

Tras el 20 de marzo, EL MUNDO recogió varias denuncias de irregularidades administrativas en la isla griega de Lesbos. Conoció a al menos dos sirios que, alegaron, habían sido registrados por la policía tras el día 20, pese a llegar el 19. También supo de cuatro paquistaníes que no sabían que podían pedir asilo. Dos sirios contactados vieron pospuesta su preceptiva entrevista para pedir asilo.

Algunos de los refugiados arrestados en el centro de detención de Moria de Lesbos –donde permanecen retenidos, hacinados en catres o en el suelo y sin comida suficiente– señalan que, se les dijo, las entrevistas para procesar su asilo empezarían el lunes de la semana pasada. El periódico griego Protothema indicó que la revisión de las solicitudes de asilo empezará la semana que viene.

Grecia ha reconocido, de acuerdo con el periódico griego Ekathimerini, que carece de suficientes funcionarios para gestionar todas las solicitudes recibidas estos días. Atenas cambió la ley, el sábado pasado, para agilizar el proceso. Pero el Servicio Griego de Asilo ha detallado que, de 400 funcionarios solicitados para trabajar con las solicitudes de asilo, la UE sólo ha enviado hasta ahora a 30.

El conocido como Protocolo de Dublín, vigente pero que ahora la UE se planea modificar por la crisis de refugiados, establece que, por ejemplo, quien solicite asilo en Grecia sólo podrá obtener éste para vivir en Grecia. Por eso la mayoría de refugiados, deseosos de llegar a Centroeuropa, son reacios a aceptar pedir asilo en Grecia. Una solicitud de asilo se procesa como mínimo entre dos y seis meses.

«En Moria nos dicen que si no pedimos asilo en Grecia nos deportarán a Turquía», lamenta un refugiado afgano, llamado Behnam, hablando con EL MUNDO. En realidad, la intención de Bruselas es deportar también a quienes hayan pedido asilo en Grecia mientras su solicitud se esté procesando. Por ello se insiste en calificar Turquía de «país seguro», algo que la ley griega no ha puesto por escrito.

Según las autoridades, el volumen de llegadas a las islas griegas desde que empezaron las deportaciones a Turquía se ha reducido. La fluctuación habitual no permite aclarar si se debe a las deportaciones. En las 24 horas previas al día de ayer, arribaron a la costa griega 64 personas, en contraste con las 225 del día anterior. Al menos 40 fueron interceptados en el mar y devueltos a Turquía.

Según el Gobierno griego, al menos 5.600 personas alcanzaron Grecia desde el 20 de marzo pasado. Se les suman cerca de 50.000 refugiados en suelo griego antes del 20, con las fronteras cerradas y en un limbo legal. La tensión por esta incertidumbre degeneró ayer en protestas de los cerca de 4.000 refugiados acampados en El Pireo, que van a ser internados en campos continentales.

Ucrania no es un país candidato a ingresar en la Unión Europea. De hecho, la posibilidad de su membresía no está sobre la mesa de ningún despacho de Bruselas. Y, a pesar de ello, los holandeses estaban ayer llamados a las urnas para pronunciarse sobre un total de 2.135 páginas de texto legal europeo en el marco de un referéndum no vinculante.

El texto en cuestión es el Acuerdo de Asociación de la UE con Ucrania, que abre una zona de libre comercio entre Kiev y los 28 y permite a los ucranianos acceder a territorio comunitario sin visado a cambio de reformas que fortalezcan la democracia, hagan más eficientes las instituciones y protejan los derechos humanos en el país que preside el magnate Petro Poroshenko.

«¿Está a favor o en contra de la ley que reconoce el Acuerdo de Asociación entre la UE y Ucrania?» era la pregunta a la que tenían que responder los ciudadanos que votaron desde las 7.30 horas en colegios, estaciones de tren y hasta pequeños comercios. El Gobierno apoyaba el sí, aunque hasta prácticamente la última semana no se concentró en hacer campaña. Por su parte, la extrema derecha llevaba meses pidiendo a los holandeses que se pronunciasen en contra, con la intención de poner en apuros a Bruselas y negándose a aceptar que los ucranianos entren sin visado a la Unión. También pidieron el no los socialistas, alegando que Ucrania es un país corrupto y en guerra respecto al que conviene mantenerse neutral.

Los primeros datos de participación obtenidos a pie de urna revelaban un resultado poco claro. Era necesario llegar al 30% de participación para que el resultado de la consulta fuese válido. Avanzada la noche, la televisión pública NOS y la agencia de noticias ANP informaron de que, con el 100% de los votos escrutados, el referéndum consiguió una participación del 32,2%, y que un 61,1% de los votantes ha rechazado la posibilidad de un tratado de asociación entre la UE y Ucrania.

La consulta fue impulsada por formaciones euroescépticas –con GeenPeil a la cabeza– que consiguieron reunir más de las 300.000 firmas que la ley holandesa fija como necesarias para celebrar un referéndum. Esta oportunidad legal les permitió comprometer la ratificación del pacto por parte del Ejecutivo de Mark Rutte, lo que explica que Holanda sea a día de hoy el único Estado miembro que queda por hacerlo. El acuerdo, cuya parte comercial entró en vigor parcialmente el 1 de enero, ya cuenta con el visto bueno del Parlamento.

Los promotores de esta cita con las urnas reconocieron que «la motivación real tras el referéndum es crear el camino para que un día Países Bajos abandone la UE [Nexit]», según recoge NRC.