La crisis de los refugiados está sacando lo peor de una Europa donde hace falta menos Unión y más unidad. Los anhelos nacionalistas han aumentado de manera preocupante en detrimento del proyecto comunitario común. Son momentos muy delicados en los que casi todo se está poniendo en duda pero la Comisión Europa, sin embargo, no ceja en su empeño de fortalecer el proyecto e ir todos a una, como demuestra su último reto: crear una política de asilo común europea centralizada en Bruselas. Un imposible.

Prueba de ello es que en un movimiento político no muy habitual, el Ejecutivo de Jean – Claude Juncker presentó varias alternativas en lugar de aprobar una propuesta legislativa concreta, algo que hará «antes del verano» después de haber escuchado qué piensa el Consejo (los países) y la Eurocámara de la comunicación de ayer. Ambas instituciones deben dar su plácet a cualquier propuesta de la Comisión, así que mejor no volver a pasarse de frenada proponiendo algo que al final, posiblemente, no va a salir. El mejor ejemplo es la polémica surgida con las recolocaciones obligatorias de asilados que se encuentran en Italia y Grecia. Todo quedó descafeinado y de las 160.000 plazas prometidas, apenas se han trasladado a mil personas desde que entró en vigor hace varios meses.

«El sistema actual no es sostenible», admitió ayer el vicepresidente primero, Frans Timmermans. «Hasta ahora, no ha habido una voluntad política por parte de los países para alcanzar una solución. Ya no podemos esperar más», apostilló el comisario de Migración y Asuntos de Interior, Dimitris Avramopoulos. ¿Qué hacer? En lenguaje político, Timmermans lo resumió así: «Necesitamos un sistema sostenible para el futuro que se base en normas comunes, una distribución más equitativa de la responsabilidad y vías legales para que quienes necesiten protección la reciban en la Unión Europea».

Traducción. El objetivo último, el anhelo, el escenario ideal, es la creación de una agencia europea que centralice todas las peticiones de asilo que puedan producirse. No se trata de prescindir de la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO, por sus siglas en inglés), sino de dotarla de competencias reales y darle un protagonismo capital. Para esto, claro, se necesitan muchísimo dinero y una cesión de soberanía por parte de los Estados miembros a día de hoy inconcebible. Dejar que Bruselas gestione un asunto tan delicado es algo que jamás permitirán, por ejemplo, países como Polonia, Hungría, Eslovaquia o República Checa, que han bloqueado de forma permanente la gestión de la crisis de los refugiados.

Dublín ya no sirve

De momento, lo que ayer propuso el Colegio de Comisarios fue una comunicación en la que se proponen dos alternativas que modifiquen el marco jurídico vigente, basado en el llamado reglamento de Dublín, de 2003. Una norma que aclara que los refugiados tienen que pedir protección en el primer país de la UE al que llegan, es decir, que toda la presión recae sobre los Estados periféricos del sur. «Hay «demasiada responsabilidad en sólo unos pocos», alertan.

«Dublín no funciona» y como alternativa, Bruselas propone dos opciones. La menos ambiciosa habla de seguir con el modelo vigente pero estableciendo unos mecanismos de emergencia para evitar el colapso de países como Grecia (se trataría de establecer un límite máximo y el resto, se redistribuiría entre el resto de socios). La ambiciosa propone reeditar los polémicos cupos nacionales para repartir la carga entre todos los Estados de forma solidaria, basándose en criterios como la riqueza, la población o el paro.

No son las únicas cosas a cambiar. El Ejecutivo comunitaria asegura que «hay que conseguir una mayor convergencia y reducir el llamado ‘asilo a la carta’». Uno de los grandes problemas es que todos los demandantes de protección quieren ir a Alemania, Suecia o Austria porque sus condiciones son mucho mejores. De ahí que una solución sea homologar las diferentes legislaciones nacionales para equiparar derechos o prestaciones, garantizando un trato «más humano y eficiente» a los demandantes de asilo. Otra, según explican fuentes europeas, es la «prevención de los movimientos secundarios dentro de la UE» penalizando al asilado que decida abandonar el país de acogida sin el plácet del Estado correspondiente.