Es un guión que, por repetido, no deja de sorprender. La Policía Nacional descubrió, y desarticuló, en Álava una presunta trama especializada en falsear pasaportes para acceder a ayudas sociales como la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) o la Prestación Complementaria de Vivienda (PCV). De aquello hace más de dos años y dejó casi medio centenar de detenidos. A todos les unía que eran argelinos y clientes de esta mafia. Pagaron alrededor de 200 euros por adulterar y adecuar sus papeles.

Al cerebro de esta mafia también magrebí nunca se le pilló. Se esfumó de Vitoria. Pero ese medio centenar de supuestos clientes va pasando cada cierto tiempo por el Palacio de Justicia para responder por su conducta ilegal. Esta semana le tocó el turno a un argelino de 32 años. Como en otros casos detectados, acudió a la Subdelegación de Gobierno de Álava «con la intención de solicitar la autorización de residencia y trabajo» y presentó un pasaporte «con un sello de prórroga de validez falso, por el que el acusado abonó 200 euros», según el escrito de los hechos elaborado por la Fiscalía de Álava. «Pese a tener pleno conocimiento de la falsedad del sello, lo presentó» y «se tramitó el correspondiente expediente administrativo de autorización de residencia y trabajo».

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La impresora utilizada para manipular sus papeles es la misma que en los otros engaños descubiertos. Durante meses, incluso años, integrantes y clientes de esta organización colaron pasaportes modificados a varias instancias oficiales. Entre ellas, Lanbide, el Servicio Vasco de Empleo, que gestiona la RGI y la PCV, prestaciones sociales que pueden suponer un sueldo mensual de casi 900 euros para una sola persona. Fuentes policiales calculan que estafaron al Gobierno vasco «unos 425.000 euros anuales».

Acuerdo entre las partes

La vista, celebrada en un Juzgado de lo Penal de Vitoria, duró un suspiro porque las partes alcanzaron un acuerdo. El procesado se declaró culpable del cargo de falsedad en documento público y logró una rebaja del castigo. Fue condenado a una pena de seis meses de prisión en la práctica evitará el ingreso al ser una condena menor de dos años y deberá abonar 720 euros de multa.

Según ha sabido este periódico de fuentes municipales, este sujeto ya fue dado de baja del padrón de Vitoria a finales de 2009 «por no vivir donde decía». Y desde la plantilla de Lanbide aclaran que «ha vuelto a ingresar en nuestro sistema de ayudas con otro documento de identidad que sí es legal». Una curiosidad final. En su perfil personal en una red social, este hombre indica que reside habitualmente en una conocida ciudad del norte de Argelia.