Tras dos años y medio de intenso debate, la Asamblea Nacional francesa ha dado este miércoles luz verde al proyecto de ley impulsado por el Gobierno socialista para luchar contra la prostitución. La medida estrella, y la más controvertida, es la penalización de los clientes, que serán sancionados con una multa de 1.500 euros (3.750 euros en caso de reincidencia).

Además, la prostituta no será perseguida por ofrecer sus servicios sexuales, al quedar derogada la llamada ley Sarkozy vigente desde el 2013 aunque escasamente aplicada. El texto prevé, igualmente, un fondo estatal dotado con 4,8 millones de euros anuales para facilitar la reinserción social de las meretrices y que los operadores de acceso a internet puedan denunciar cualquier actividad ilícita en la red. Al terminar con la impunidad del cliente, la legislación francesa se suma a la de Suecia, Noruega e Islandia.

Los diputados han aprobado la normativa por 64 votos a favor y 12 en contra en un hemiciclo semivacío en el que persiste la división sobre la eficacia de las multas para acabar con una actividad que alimenta las mafias y atenta contra la dignidad de la mujer.

La ministra de Derechos de la Mujer, Laurence Rossignol, ha proclamado que se reconoce la violencia de la prostitución y se acaba con el fatalismo de quienes lo consideran el oficio más antiguo del mundo.

Mientras, la ponente del informe parlamentario, la diputada socialista Maud Olivier, ha defendido una ley fuertemente simbólica que no es dogmática ni moralizante y va dirigida a proteger a la mujer.

En cambio, el portavoz del grupo ecologista, Sergio Coronado, ha puesto el acento en los efectos contraproducentes que denuncian numerosas asociaciones, temerosas de que las prostitutas se vean abocadas a la clandestinidad y tengan un menor acceso a los servicios sanitarios.

O se admite la prostitución o se prohíbe, ha insistido. Los Verdes han votado divididos. El grupo conservador de Los Republicanos también ha mostrado el mismo tipo de reticencias, pero ha dado libertad de voto.

Desde 1949, la actividad de los prostíbulos y el proxenetismo es ilegal en Francia, pero la prostitución callejera estaba relativamente tolerada a pesar de la ley Sarkozy. Con la nueva legislación, el país invierte la carga penal al reconocer a las prostitutas como víctimas de la violencia y no como delincuentes.

Con la nueva ley se quiere, por un lado, responsabilizar a los usuarios del sexo pagado haciéndoles conscientes de que su dinero alimenta las redes mafiosas que trafican con personas. Por otro, que las meretrices dejen de ser vistas como mercancía, aceptando que son las principales damnificadas de la trata de seres humanos.

En Francia hay entre 20.000 y 30.000 personas en su mayoría de la Europa del Este, África, China y América Latina – que se ganan la vida vendiendo su cuerpo, de ellas 6.000 son menores.

Para muchas asociaciones de defensa de las prostitutas, el importe de la multa es irrisorio y tampoco les convence que se imponga como condición para acogerse a las ayudas que las extranjeras tengan que tener un permiso de residencia de seis meses.

Antes de la votación, un grupo de prostitutas se ha congregado en los alrededores de la Asamblea Nacional esgrimiendo una pancarta en la que se podía leer Putas con el puño levantado contra la penalización de los clientes, mientras coreaban clientes castigados, putas asesinadas.

Aunque clausura el maratón parlamentario, el voto de los diputados está lejos de cerrar el debate social, que se vio impulsado por el mediático juicio a la red de proxenetismo en la que se vio implicado el exdirector gerente del Fondo Monetario Internacional, el socialista francés Dominique Strauss – Kahn. Al escepticismo mostrado por los jueces sobre la aplicación de las sanciones se añade el temor a efectos no deseados.

Médicos del Mundo cree que las mujeres ejercerán la prostitución en peores condiciones y en lugares más aislados, exponiéndose aún más al riesgo de infecciones sanitarias y al sida. El Defensor del Pueblo, Jacques Toubon, por su parte, alerta de que la penalización del cliente aumentará la clandestinidad y que el tráfico se desviará hacia internet.