La primera comparecencia de Mariano Rajoy en esta legislatura dejó la imagen de un presidente solo y a la defensiva frente a una oposición implacable, pese a que el tema a tratar era la importante crisis de refugiados y muchos de los partidos pertenecen a familias políticas que defienden en la UE el pacto alcanzado, a mediados de marzo, con Turquía y que implica la devolución de los refugiados llegados a Grecia. Todos salvo el PP coincidieron, con mayor o menor intensidad, en que el acuerdo es vergonzoso y convergieron, esta vez de forma unánime, en que incumple el mandato que, por primera vez, acordaron para marcar al jefe del Ejecutivo en funciones las líneas rojas a seguir. Por unanimidad, el Parlamento exigió antes de la cumbre que se evitaran las expulsiones colectivas y que los expedientes de asilo fueran individualizados, junto a nueve exigencias más. Algunas de las cuales se reconocen en el texto pero sin las garantías suficientes, según la oposición, para garantizar su cumplimiento.

Frente a estas críticas, Rajoy defendió el acuerdo del Consejo Europeo porque evita la pérdida de vidas humanas, combate a las mafias y proporciona una vía legal y segura para solicitar asilo, ya que por cada expulsado, se acogerá un sirio. Asimismo aseguró no ser consciente de haber incumplido el mandato parlamentario. Es más, garantizó que antes de que llegara la petición de los partidos, España ya peleó por que el borrador incluyese la prohibición del retorno masivo y un examen individualizado de las solicitudes.

Rajoy reconoció no obstante no compartir al cien por cien el pacto con Ankara pero alegó la necesidad de ceder para llegar a un acuerdo entre 28 países de ideologías radicalmente diferentes [] pero que no son malvados liquidadores de los derechos humanos. Por último, admitió que sólo se han reasentado a 18 personas del cupo de 16.000 refugiados, justificando que el procedimiento no es fácil.

Sus explicaciones no convencieron a nadie. Pedro Sánchez (del PSOE) le acusó de insolidario y, postulándose como presidente, garantizó que, si llega a la Moncloa, España será en un país de acogida. Pablo Iglesias (Podemos) hizo hincapié en que Turquía no es un país seguro y Albert Rivera (Cs) en que el pacto externaliza los derechos humanos. Alberto Garzón (IU) ratificó que presentará una querella contra Rajoy por delitos de lesa humanidad y la diputada de ERC Ana María Surra, de origen uruguayo, refugiada en los años 70, le acusó literalmente de no saber de los que habla.