«Esto es simplemente inaceptable», clamó ayer el líder de los liberales en la Eurocámara, Guy Verhofstadt. Su indignación se extiende en el hemiciclo. Desde allí se han lanzado en las últimas semanas duras críticas a los líderes de la UE y la Comisión Europea por dar la espalda a los refugiados y manchar la imagen de una Unión que siempre se ha jactado de ser un referente moral en derechos humanos. Esa figura se rompió ayer en añicos con las primeras expulsiones a Turquía.

Los primeros pasos del plan no convencen ni siquiera a la agencia de la ONU para los refugiados (Acnur). «No deberían ser retornados a Turquía mientras se mantengan deficiencias serias», advertía su director para Europa, Vincent Cochetel.

Intermón Oxfam denuncia el retorno «ilegal» y apunta a numerosas irregularidades en la puesta en marcha del plan acordado. Según las oenegés, las expulsiones no se deberían ejecutar porque las autoridades turcas no han adaptado sus leyes para extender la protección a todos los refugiados, como exige el Convenio de Ginebra. Turquía no es un «país seguro». Bruselas se encomienda a las promesas de Ankara. «Tenemos garantías», trató de defender el portavoz comunitario, Margaritis Schinas. El programa se ha echado a rodar sin aclarar la escandalosa denuncia lanzada por Amnistía Internacional sobre Turquía, a la que acusa de tirotear y expulsar a Siria a los refugiados en su frontera sur.

A todo ello se suma la escasez de medios materiales y humanos para garantizar que no se vulneren derechos durante el proceso. La ayuda prometida a Grecia por sus socios europeos llega a cuentagotas. Los voluntarios de Acnur vigilan que se informe a los inmigrantes de sus derecho a pedir asilo y a que se examinen de forma individualizadas sus demandas.